Introducción
1. A modo de introducción
Escribir sobre lo que ocurre en Argentina –desde el lugar de los hechos– puede ser una tarea insalubre para quien la emprenda, no por el desgaste de neuronas –no tengo muchas– que supone recibir una inmensa masa de información política, económica y social que, las más de las veces, resulta contradictoria, difusa y hasta confusa. Que esto suceda no es azaroso en épocas de crisis profundas y abismales. La tarea se complica aún más cuando los hechos ocurren a velocidades más propias del espacio cósmico. Téngase presente –a modo de ejemplo– que en sólo diez días el país tuvo cinco presidentes constitucionales –entre el 20 de diciembre y el 1 de enero– que se sucedían unos a otros sin saber qué rumbo tomar ni cuánto durarían en sus cargos, con la carga de incertidumbre que provoca en la población. Quiero hacer notar, por otra parte, que esta presentación en nada excusa al autor por los errores que pueda haber cometido en el tratamiento del tema; por el contrario, hacer esta tarea ha resultado un desafío que le permitió ordenar intelectualmente –si así se lo quiere llamar– el caos de hechos e ideas que devienen y pasan frente a sus ojos como un torbellino. Dicho esto se abordará el tema propuesto para tratar –en lo posible– de elucidarlo.
Que en la actualidad la República Argentina está atravesando la crisis más severa que ha conocido a lo largo de su casi bicentenaria historia no es un secreto para nadie informado sobre lo que ocurre en el mundo. Más aún, la misma es objeto de preocupación –y ocupa a hasta los analistas internacionales más capacitados para encontrar una válvula de escape a lo que parece ser un caldero a punto de estallar y, cuyos fragmentos, se teme alcancen con efectos incalculables a otros confines, tanto cercanos como alejados de nuestro país– para las finanzas internacionales, ya que la deuda pública nacional es la más abultada de los países “emergentes”. Pero no es solamente el aspecto financiero –el país ha entrado en cesación de pagos– el que preocupa internacionalmente. El clima social que se vive en Argentina está a poco de hacer cambiar el mapa político de la región y echar por tierra con la creencia globalizadora del dominio absoluto del “pensamiento único” –como críticamente lo definiera J. Estefanía (1997)– y del “fin de las ideologías”, propuesta por F. Fukuyama (1989) al colocarle un punto final a la historia pretendiendo que el capitalismo era la última fase de aquella ante el elocuente fracaso del comunismo real.
2. Diversos orígenes de la crisis
a) Socioeconómicos:
En puridad, la utilización del término crisis en ciencias sociales proviene del quehacer económico y, dentro de la estructura capitalista, se pretende expresar la forma que ha adoptado la misma en la modernidad, es decir, la que muestra obreros desocupados y mercadería sin vender (Di Tella, 2001). Es por ello que el primer acápite de esta nota está dedicado a la crisis socioeconómica.
El origen de tales crisis se puede remontar, sin mayor esfuerzo, a la época de las sangrientas dictaduras militares de los '70 y los '80 que sufrimos conjuntamente con nuestros hermanos latinoamericanos y que, en el caso particular de Argentina, lleva 27 años de arrastre; fueron períodos en que el endeudamiento externo –e interno– de la región creció de modo desmesurado, aunque sin poder reconocer en qué se invirtieron los préstamos recibidos, ni que con ese dinero se produjera instalación alguna de obras de infraestructura, de educación y de salubridad, ya que ellas hubieran facilitado el desarrollo económico y social en la región. En Argentina, la deuda externa en el momento de la usurpación militar al Poder –1976– era de unos ocho mil millones de dólares; cuando los militares abandonaron el Poder –1983– superaba los 45 mil millones. ¿En qué se gastó la diferencia? Básicamente en comprar armas para que nuestros militares jugaran a los soldados con delirantes hipótesis de guerra que concluyeron dramáticamente en la desastrosa Guerra de las Malvinas1. Mas, a ello, se deben sumar leoninas comisiones pagadas a los intermediarios en el tráfico de armas –por lo general son militares retirados e, incluso, en actividad– a todo lo cual es preciso agregarle la perversa política económica de estatizar –sí, aunque parezca un disparate– la deuda externa contraída por empresas privadas, maniobra en la cual uno de sus mayores artífices fue el ex Ministro de Economía del menemismo y que luego ocupara idéntico rango en el gobierno de De la Rúa: D. Cavallo. Y, por si esto fuera poco, debe añadirse que, cuando se contrajo tamaña deuda, el interés que se pagaba era del 6% anual, aunque, gracias a estrategias de la banca internacional, a partir de los '80 la tasa subió al 16%, teniendo un carácter retroactivo sobre el saldo de capital e intereses adeudados.
Las organizaciones financieras transnacionales que hacían los prestamos de referencia –y que sirven para colocar dineros ociosos de los bancos que cubren sus espaldas tras alguna organización reconocida2– poco se preocuparon del desarrollo y crecimiento de los lugares –y lugareños– donde depositaban sus créditos; en puridad, y sin esquivarle el cuerpo al bulto, las autoridades del FMI, como las del BM, se asociaron con los grupos industriales de los países ricos –EE.UU., Alemania, Francia, Inglaterra, Japón, Italia y Canadá, a los cuales últimamente se añadió España con fuertes “inversiones” en la región, que se instalaron básicamente en el rubro servicios. Aquellos organismos crediticios cobran el capital e intereses acumulados –y la refinanciación geométrica de los mismos– aunque este pago no se descuente ni un céntimo en los balances de las cuentas públicas, merced al cumplimiento de los gobiernos títeres de aceptar la propuesta de adelantar las privatizaciones de las empresas estatales. Tales políticas económicas desembarcaron en la Argentina y se quedaron con la propiedad de las principales y mejores industrias y servicios, como así también de los establecimientos agrícolas, ganaderos y mineros aunque, en momento alguno, abonaron el valor nominal de la cotización de los bonos deudores fijado en el mercado internacional de valores.
Esta breve descripción de los hechos de dependencia económica, y de destrucción del aparato productivo nacional, obviamente no pudo tener lugar sin el acompañamiento cómplice de los gobiernos civiles que sucedieron a los genocidas encabezados por militares y acompañados por civiles siempre prestos a colaborar con quien mejor les pague. Los gobernantes constitucionales posteriores, llámense R. Alfonsín, C. Menem, F. De la Rúa o el actual E. Duhalde –que en dos meses, de un mandato de 24 acordado por el Congreso Nacional, nada ha hecho más que hablar y no ha podido ni querido revertir la situación– también fueron cómplices activos o por omisión de tal estado de cosas, haciendo imperar el reino de la corrupción en el país, a punto tal que no en vano hemos sido conocidos como los campeones mundiales de aquella (Rodríguez Kauth, 1999). Y la corrupción no es un fenómeno menor, pues afecta de modo enfermizo al tejido social de una comunidad, haciendo prevaler la ley del “todo vale” y del “sálvese quien pueda”. Al respecto, L. Kolakowski (1988) señala atinadamente otra expresión de la corrupción al afirmar que La situación cultural de las sociedades industriales superdesarrolladas [...] se distingue por una corrupción creciente del llamado espíritu de empresa y del sentimiento de responsabilidad individual para consigo y para con el entorno. Se podría ver ahí una corrupción de la civilización o el resultado natural del progreso técnico.
Para realizar negocios corruptos, contraer deuda pública es un espacio excepcional y óptimo, ya que permite no solamente lavar dinero –ya sea proveniente del narcotráfico, de la venta ilegal de armas, de la prostitución, de la evasión impositiva, etc.– sino también cobrar jugosas comisiones por parte de quienes la otorgan, sabedores estos últimos que, detrás del riesgo que siempre asumen, está el esfuerzo laboral de la masa trabajadora de un país, a lo que debe añadirse la existencia de recursos naturales que en Argentina, en última instancia, son una buena garantía del crédito espurio acordado. Llama la atención que tales negociados hayan gozado –en su momento– de la aprobación por parte de los propios trabajadores en particular y de la población en general, quienes no elevaron sus voces de protesta hasta que los niveles de endeudamiento alcanzaron tal dimensión que sus condiciones de vida se hicieron insostenibles y, entonces, comienzan a protestar –hasta con violencia– aunque sin éxito, por no tener planes políticos que contemplen una salida económica diferente.
Hasta 1989, fecha en que se produjo el estrepitoso derrumbe del Imperio Soviético, existía un modelo alternativo, aun con todos los errores y falencias que el mismo podía tener, pero desde entonces se ha producido un vaciamiento de ideas que todavía no ha sido llenado y –lo único que se escucha a lo largo y ancho del territorio argentino– son expresiones vocingleras tales como que “este modelo está agotado”, pero no se oyen propuestas alternativas –viables o inviables, para el caso es irrelevante– que se pongan sobre la mesa para reemplazar al modelo que se considera caduco y perverso que ha causado todos los males que en la actualidad se padecen.
Asimismo, es de hacer notar que la situación socioeconómica nacional se ha deteriorado de manera alarmante en los últimos cuatro años. Hasta el punto de que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha informado recientemente (Cepal, 2002) que el PBI ha hecho una involución desde 1997, cuando era de 8.0% a 3.8% en el año siguiente para entrar en valores negativos a partir de 1998 en que registraba una tasa de -3.4%, en el 2000 fue de -0.6 y se estima de modo provisorio para el 2001 en -3.8% con una proyección para el corriente año de -3.5%. No hay que olvidar que la deuda pública insume el 22% del gasto presupuestario previsto, a la vez que el pago de la misma consume el 53% del PBI que se encuentra en situación deficitaria. Mas éstos son datos fríos que solamente indican que algo está fallando en el sistema macroeconómico de la productividad y que sin duda tales desfasajes han de poder leerse en la distribución de la riqueza por sectores.
De tal suerte, hace diez años, el 10% más enriquecido de la población disponía de una renta aproximadamente 12 veces superior al del 10% más empobrecido; en la actualidad, dicha relación ha crecido hasta multiplicarse por 15, lo cual no solamente es económica y políticamente injusto e inmoral, sino que estéticamente resulta una obscenidad. Ello sirve para explicar la existencia de una masa –en crecimiento constante– de más del 22% de población económicamente activa en paro forzoso, a la cual debe sumársele una cifra semejante –que las estadísticas oficiales no revelan merced a argucias de mala fe en la manipulación estadística de la información que proporcionan3– de población en condiciones de subocupación que sólo consigue trabajos esporádicos mal remunerados. Estas cifras –que ya no son tan frías, debido a que representan a personas de carne y hueso que deambulan por las calles mendigando como entes que han perdido el rumbo y, fundamentalmente, su dignidad– hacen que más de un 15% de la población que habita el territorio lo esté haciendo por debajo de lo que los economistas denominan eufemísticamente como “la línea de pobreza”, lo cual en buen romance puede traducirse en que pasan hambre, viven a la intemperie, se enferman y no existe un sistema de salud que los cobije, que sus hijos no puedan recibir la educación mínima, que aumentan los índices delictivos alimentados por la necesidad –de satisfacer todo aquello de lo que carecen– siendo tales sectores los habitualmente más incriminados –de derecho y, lo que es peor, de hecho en la consideración pública– en tales conductas desviadas, etc. Todo ello los arroja a formar parte de un enorme ejército de excluidos sociales que no gozan de beneficio alguno y que son estigmatizados con todos los maleficios pensables por parte de quienes aún creen que forman parte de un sistema de privilegios que día a día se va achicando para la mayoría de ellos y que también pasan a engrosar las filas de la exclusión y hasta de la marginación social.
Tal panorama tétrico y desalentador se produce en un país en el que los ingresos fiscales rondan sólo el 12% de su PBI gracias a una red perversa que facilita la evasión impositiva y en el cual dos tercios del monto total de la deuda pública ha huido –ante el fundado temor de falta de garantías por parte de un Estado que a ojos vista deja de cumplir con sus obligaciones internas– al exterior y que, paradójicamente, ha invertido buena parte de sus activos financieros en bonos de la deuda externa argentina. Y estos dos fenómenos se produjeron al amparo de un minúsculo sector –pero con fuerte poderío– de miembros de la exclusiva y corrupta “clase política” (Mosca, 1926) asociados a empresarios, banqueros y hasta sindicalistas que viven como reyes mientras los que aportan a engrosar su patrimonio viven como esclavos de los empresarios, que son sabedores de que lo que en la Argentina contemporánea está más devaluado es el bien trabajo.
Más arriba, señalamos que el 53% del PBI está comprometido con el pago de la deuda externa, por lo cual queda menos de la mitad de aquel para realizar inversiones internas productivas con capitales autónomos y sin tener que depender de la buena voluntad del flujo de capitales externos; lo que es un imposible, ante la escasez de recursos propios genuinos. Asimismo, el 10% que más se ha enriquecido de nuestra sociedad capitalista vernácula, embolsa el 37,2% del ingreso, en tanto que el 40% más empobrecido de la población sólo accede al 15% de distribución de la riqueza. En la actualidad, dos millones de personas tienen solamente un dólar diario para vivir, es decir, sobreviven por abajo de lo que se conoce como la línea de indigencia4. Asimismo, el 45% de las familias se encuentran por debajo de “línea de pobreza”, la cual se fija en 60 dólares mensuales.
Frente a este panorama de descapitalización nacional y de pobreza5 que transitamos la mayoría de los habitantes, sólo queda una solución viable: la suspensión del pago de la deuda pública externa con el objeto de satisfacer las legítimas demandas de la deuda que se tiene con la población. Tal propuesta hace erizar los pelos de los políticos locales que –en el decir explícito de De la Rúa– es necesario “honrar la deuda externa”, aunque ello conlleve a la muerte por inanición –y las enfermedades asociadas a ella– de más de 100 niños por día. Sin embargo, a finales de 2001 asumió la presidencia de la nación un político que se salió del molde clásico de los profesionales de la política. Lo hizo tras la crisis vivida por el derrocamiento popular del gobierno de De la Rúa. Se trató de Adolfo Rodríguez Saá, quien fue designado por la Asamblea Legislativa para ocupar la vacancia. Su primera propuesta fue suspender el pago de la deuda, a lo que le siguió una reducción drástica en los beneficios de que goza la “clase política” y una ley de amnistía para todos los presos políticos y sociales. Estas medidas y otras más –como la creación inmediata de un millón de puestos de trabajo genuinos– las realizó en la última semana del año. No es difícil comprender por qué a una semana de asumir, el establishment político local le quitó su apoyo y lo obligó a renunciar, pese a que contaba con una masiva consideración popular. Había ofendido y agraviado a sus colegas, a los que poco les importó que estuviese levantando y poniendo en ejecución las consignas y banderas que la inmensa mayoría de la población entiende como la única solución posible a los graves problemas económicos y financieros que afrontamos para salvar la crisis social que se vive6.
Este aspecto de la crisis condujo en el pasado reciente a numerosas –y hasta violentas– movilizaciones de desocupados y subocupados en reclamo de fuentes de trabajo, las que son expresadas por los “piqueteros”7 que cortan rutas en los espacios rurales y calles en los urbanos para, de tal forma, testimoniar su repudio al modelo económico vigente desde hace una década. A los mismos se unieron, a partir de diciembre de 2001, amplios sectores poblacionales que tradicionalmente repudiaron a las acciones de los piqueteros, ya que impedían su normal circulación y a lo que añadían su tradicional desprecio por las conductas del proletariado.
Es para dicha fecha que el Ministro de Economía de De la Rúa –D. F. Cavallo– decidió prácticamente confiscar los depósitos bancarios de todas las cuentas confiadas a aquellas instituciones, lo que rápidamente se conoció bajo el nombre eufemístico de “el corralito”. La medida fue de emergencia y ante la fuga masiva de divisas hacia el exterior que se venía produciendo desde marzo y que impedía que los bancos pudieran cumplir con sus obligaciones para con los clientes que les habían confiado su dinero. Así fue como aparecieron los “cacerolazos” –un nuevo barbarismo que en pocos días sacó patente de uso cotidiano– y que no son otra forma que manifestaciones ruidosas que convocan a los interesados en participar de ellos por el sonido del tañido de objetos metálicos –ollas, cacerolas, sartenes, etc.– como una forma de proclamar su descontento ante la arbitraria e injusta medida de afectar los intereses de los ahorristas, comerciantes y pequeños y medianos empresarios que pretenden que se les devuelvan sus activos inmediatamente en la moneda en que fueron depositados.
Y hete aquí que ambos fenómenos sociales terminaron por confluir en manifestaciones callejeras conjuntas. Algo que resultaba siquiera impensable unos meses atrás, como es la conjunción en la lucha de proletarios y burgueses, fue logrado por una política económica que afectaba los intereses de ambos, quienes, en última instancia, están conjugados por el efecto retroalimentado de que si los patronos tienen bloqueado su dinero y no pueden hacer uso de él, tampoco pueden pagar los salarios de sus empleados y obreros, como tampoco cuentan con recursos suficientes para adquirir los insumos necesarios para hacer funcionar sus empresas, con lo cual se ven obligados a cerrarlas y el resultado es más gente en paro laboral. Lo mismo ocurre con los comerciantes que, al no haber dinero circulante, no venden sus productos y reiteran el ciclo mencionado de cierres y despidos masivos de personal.
Mas lo curioso de todo esto es que la generación de una nueva alianza entre sectores sociales, que hasta no hace mucho se definían como rivales –e incluso, como enemigos–, hoy está dando espacio a un nuevo panorama político y social de consecuencias imprevisibles para cualquier politólogo. En los últimos meses, la clase política tradicional está viviendo sus horas más amargas, a punto tal que no solamente son abucheados cuando se los encuentra en las calles o lugares públicos, sino que se llegó a la agresión física de algunos de ellos. Más aún, a finales de febrero, un viejo dirigente justicialista manifestó su temor a ser linchado y, por eso, se cuidan de exponerse en público. Los únicos dirigentes y activistas políticos que son admitidos en las marchas hacia la plaza de Mayo –u otros lugares de concentración– son los de la pequeña izquierda vernácula, los mismos que hasta no hace más de un par de meses eran despreciados tanto por el proletariado como por la burguesía. A lo cual cabe agregar que no solamente las manifestaciones se ven colmadas de banderas rojas con distintas leyendas partidarias8, sino que hasta los sectores de la clase media han hecho suyas las tradicionales consignas de la izquierda, en particular las de no pago de la deuda, nacionalización de la banca y de las empresas privatizadas. Esto es, por el momento, indicativo de que la mayoría de los sectores sociales se dan cuenta de que no es posible dividirse por diferencias, sino que lo preciso es aglutinarse por las semejanzas en las propuestas para superar la crisis.
Somos espectadores –y actores– del inicio de una nueva historia argentina, la que se está escribiendo con el protagonismo masivo de la ciudadanía.
b) Políticos:
Si se quiere, con la mirada del historiador, los mismos orígenes de la crisis podrían encontrarse desde 1810, año en que el virreinato del Río de la Plata se sublevó a las autoridades imperantes en España, y que se continuó hasta 1853, en que se dictó la primera Constitución de la Nación Argentina. Pero para abreviar el relato, y hacerlo corresponder con lo presentado en el punto anterior, sólo haremos referencia al período que va desde el triunfo de la democracia sobre el autoritarismo de la última dictadura militar, en diciembre de 1983, cuando asumió Raúl Alfonsín –de la Unión Cívica Radical– al gobierno del país por la voluntad mayoritaria del electorado.
A fuer de sintéticos, dejamos a la evaluación del lector su acción de gobierno. Debió abandonar el mismo seis meses antes de la finalización del mandato, debido a la crisis económica que se produjo con lo que se conoció como la “hiperinflación”, la cual llegó a tener en 1989 un índice inflacionario superior al 4.000 % anual. De más está decir que su decisión de dimitir en favor de su sucesor electo estuvo basada en el clima de desesperación social que se vivía y que llevó al país a un estado de anomia (Durkheim, 1897) generalizado en el que la población de más bajos recursos económicos a diario asaltaba supermercados y proveedurías en busca del alimento necesario para satisfacer sus necesidades mínimas, ya que mientras los precios de los productos subían por el ascensor, los salarios lo hacían por la escalera.
Quien debió afrontar la crisis heredada de aquella gestión, que hizo el culto por la verborragia del discurso fácil y la inacción de su gestión, fue el justicialista C. Menem, quien ganó más que por méritos propios por el hastío existente en el electorado ante el fracaso del centenario Partido Radical. Menem fue uno de los mejores ejemplos históricos de traición al discurso político con el que se embanderó antes de las elecciones; de ser un populista demagógico pasó, en un abracadabra, a convertirse en uno de los más fieles representantes de los intereses económicos y financieros transnacionales. Sus primeras medidas, tras frenar la hiperinflación de la mano de la convertibilidad9, puso en práctica la privatización de las empresas publicas de servicios que el padre ideológico del peronismo había estatizado. Tal medida logró que Argentina fuera un ávido devorador de capitales golondrinas foráneos que invertían y, a los pocos meses, se llevaban capitales más intereses inimaginables en otros lugares. A todo esto, y en función de la confianza internacional que se le tenía a un gobierno que respondía al pie de la letra los mandatos de los organismos internacionales en materia económica, el país comenzó a tomar deuda pública de manera desmesurada, la que servía no para implementar planes de crecimiento y desarrollo, sino para dar lugar a lo que se conoció como la “fiesta menemista”.
Los primeros seis años fueron de jolgorio y de endeudamiento nacional, empresario e individual; a punto tal que Menem forzó una reforma de la Constitución Nacional que lo habilitó a ser candidato presidencial por un nuevo período consecutivo. Triunfó por amplio margen, pero ahí comenzaba el momento en que la realidad nos despertó de los dulces sueños y comenzamos a vivir la pesadilla diurna de índices de desocupación en constante aumento, que rondaron el 14 %, y de un déficit fiscal sostenido basado en una política económica de gastos en lugar de inversiones. También se comenzaron a ver los peligros de algo que hasta entonces nos llenaba de alegría, como era la banalización o trivialización de la política (Rodriguez Kauth, 1997) instalada en medio de una parafernalia de gastos gubernamentales desmedidos y sin sentido alguno de crecimiento.
Esta realidad hizo que fracasaran sus intentos de una reelección y, en las elecciones generales de 1999, ganó la Alianza constituida por la UCR y el Frepaso, la que llevaba como candidatos a la fórmula presidencial a De la Rúa y Alvarez. La Alianza sirvió para derrotar al peronismo, mas no para gobernar. A poco del inicio del mandato, empezaron las fricciones entre los aliados y se transitó un camino de fracasos constantes. La primera crisis grave se vivió a menos de 10 meses de gobierno con la renuncia del Vicepresidente Álvarez por profundas diferencias que lo separaban de De la Rúa, sobre todo en la falta de respeto de este último por el discurso preelectoral que los llevó al triunfo. De ahí en más, el país se sumió en un pozo depresivo ante la no ruptura con la continuidad de las políticas económicas menemistas y el aumento sostenido de los alarmantes índices de desocupación, pobreza, exclusión social y una caída vertiginosa de la productividad y del comercio interior. Ya era vox populi que Argentina estaba próxima a la cesación de pagos internacionales y apareció en escena un síndrome económico desconocido hasta entonces, el del riesgo país, que aumentaba de modo desenfrenado cotidianamente en los informes de las consultoras internacionales que lo determinan. Su crecimiento exponencial no era sólo fruto del análisis de los parámetros económicos, sino también de los análisis de la situación social explosiva y de la inestabilidad política de un gobierno que se movía sin brújula, como navegando en el Mar de los Sargazos (Bayer, 1994).
De tal suerte, se llegó a la decisión de instalar el corralito ya mencionado y, con ello, a un profundo malestar social, el que culminó en la noche del 19 de diciembre con los “cacerolazos” que exigían primero la renuncia del Ministro de Economía y –lograda ésta– la del Presidente, quien era acusado de inacción y falta de iniciativa política para sacar al país de la crisis. La renuncia se concretó al día siguiente tras una feroz represión policial que –solamente en Buenos Aires– dejó un saldo de 27 muertos, centenares de heridos y miles de detenidos.
Nuevamente se cerraba un ciclo de frustraciones y se abría una suerte de anarquía política en la que se sucedieron las “volteadas” de presidentes como muñecos en un parque de diversiones. Hasta que el primer día del año 2002 asume E. Duhalde la presidencia. En los dos meses que lleva en el poder –al escribirse estas líneas– no solamente ha dejado de cumplir con sus palabras de asunción, sino que es una realidad elocuente que no sabe dónde está el timón del barco que conduce. Sus decisiones son una suerte de marchas y contramarchas que pretendían dar por tierra a la alianza perversa de los gobiernos anteriores con los grupos financieros y establecerla con los sectores de producción; pero así arribó a la instalación de un “corralón” de los depósitos bancarios y a la licuación de los pasivos de los grandes grupos económicos transnacionales, a la par que se licuaban –merced a una salida de la convertibilidad no programada a partir de la devaluación del peso, sin tomarse los recaudos necesarios para evitar daños mayores, como es una inflación que en menos de un mes ya acumula más del 5 %– los activos de los asalariados y de los pequeños ahorristas que, ajenos a los tejemanejes que se hacían al interior del gobierno, ignoraban la existencia de la fuga de divisas al exterior mientras ellos continuaban confiando en un sistema financiero y bancario corrupto e ineficaz.
c) Psicohistóricos
El imaginario social y las representaciones sociales –que sirven de fundamento para la construcción social de la realidad (Berger y Luckman, 1968)– permiten asociar a los conocimientos históricos con los psicológicos (Rodriguez Kauth, 1998) –juntamente con los datos económicos sucintamente presentados en el punto anterior– para dar una interpretación ampliada acerca de los orígenes de la crisis que vive Argentina en los comienzos del tercer milenio. Ni la pretendida objetividad de la historia, ni los devaneos de la psicología, como así tampoco solamente las lecturas económicas por sí mismas, pueden dar cuenta de la grave situación de crisis terminal que se está atravesando y que, como no puede ser de otro modo, castiga más fuertemente a los sectores poblacionales populares que se encuentran más expuestos a la dureza con que golpean los reiterados ajustes sobre el ajuste (Rodriguez Kauth, 1992) que se realizan de manera continuada desde hace una década atrás, merced a las recomendaciones financieras del FMI.
Una antigua creencia circulante por el imaginario colectivo, y que está basada en datos objetivos de la realidad que nos circunda, subraya que Argentina es un territorio que –si se lo observa a la luz de una ingenua lectura aportada por la geografía física– es inmensamente rico en cuanto a sus recursos potenciales de orden “natural”. Así es, extensiones enormes de tierras ubérrimas en que el alimento –en bruto– se reproduce casi por generación espontánea y sin mayor esfuerzo humano, debido a la calidad de los suelos y a un régimen climático y pluviométrico que, en general, orilla los parámetros ideales. Si se trata de recursos minerales, ni hablar, la larga extensión de la Cordillera de los Andes provee la mayor parte de los minerales necesarios para ser utilizados por la industria10 y, a la vez, las reservas en hidrocarburos son incalculables, tanto en petróleo como en gas, uranio y otros minerales. Por otra parte, hasta nos permitimos el lujo –sin mucho temor a equivocarnos– de afirmar sin hesitación alguna que los animales que se crían a campo abierto en nuestras pasturas representan la mejor y más sabrosa carne del mundo, demandada por los paladares más exigentes.
Si se recurre a una lectura demográfica, se verá que la densidad poblacional es aproximadamente de 13 habitantes por kilómetro cuadrado, aunque la mayoría de la población –el 85%– tiende a concentrarse en los grandes centros urbanos. Existen solo pequeños núcleos de aborígenes que sobrevivieron a las matanzas “contra el indio” realizadas en la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo a instancias del General Julio A. Roca, que los veía como un peligro para la colonización de la región pampeana y cuyas tierras fueron expropiadas y distribuidas de modo diferencial entre las tropas que formaron su ejército genocida, según el rango militar de cada uno de ellos. La concentración humana en los grandes centros urbanos no es casual, sino que obedece a la política exportadora de granos y carnes que tuvo el país durante largo tiempo, lo que favoreció su presencia en las regiones del litoral marítimo y fluvial. Más aún, la gran inmigración de la Europa continental y árabe que arribó durante la segunda mitad del siglo XIX al territorio lo hizo con la intención de “hacerse la América”. En principio, tuvieron el propósito de dirigirse al interior; sin embargo, y viendo la realidad de la distribución demográfica y las oportunidades que se le presentaban en el litoral, prefirieron afincarse en él, estructurando lo que se conoció como un país portuario.
Todo esto, y mucho más que no es preciso detallar aquí, hace que –de modo paradójico– se haya sustentado una creencia generalizada sin fundamentación alguna, cual es que la Argentina es un país rico. Tal creencia viene de arrastre, cuando Argentina ocupaba uno de los primeros diez lugares en orden a la distribución de la riqueza mundial, a principios del siglo XX. No era falso, sólo que los parámetros de riqueza o pobreza con que se medía a los países eran diferentes a los actuales –y que mayormente no tomaban en cuenta los indicadores de bienestar social, o calidad de vida, de la población. Aquellos indicadores hacían hincapié en los saldos favorables de la balanza comercial a partir de los índices de, por ejemplo, la cantidad y la calidad de los granos y de las carnes producidos en un período anual, sin tener en consideración destacada la producción industrial.
En tanto, el mundo evolucionaba con rapidez hacia los procesos de industrialización, mientras que Argentina, tras un incipiente crecimiento industrial de tipo manufacturero y, más tarde, en las décadas del cuarenta hasta los inicios de los sesenta, con el acento puesto en la industria pesada, entró en un proceso de involución comparativo respecto de los países que integraban aquel selecto y privilegiado grupo de los diez primeros. Dicha involución fue resultado de pésimas administraciones gubernamentales, que pusieron la política al servicio de los intereses espurios de los gobernantes de turno, en vez de hacer de la política una actividad de servicio con el objetivo de satisfacer las legítimas demandas del pueblo.
Sin Sin embargo, pese a las características anómalas en el desarrollo económico descrito, el mito fundacional –que para los países de reciente nacimiento es diferente a la de la mitología clásica (Nimmo y Combs, 1980) – de la supuesta riqueza continuó vigente. Ni desde adentro, como tampoco desde afuera de nuestras fronteras, se alcanzó a advertir que la “riqueza natural” es igual a cero si no se acompaña de “riqueza humana”. Y sobre esto también ha habido una seria confusión; los argentinos nos enorgullecemos de los cinco ganadores de Premio Nobel que nacieron en nuestra tierra, como así también de la altísima capacidad y formación de los científicos, pensadores y profesionales que egresaron de la universidad argentina y que, en general, triunfan en el mundo entero en sus quehaceres. Curiosamente, nunca nos llamó la atención que eso que nos llena de orgullo infantil, cual es el éxito de los nativos en el exterior, no ha sido otra cosa que el producto de la expulsión de nuestros talentos más notables, ya que el país no tiene capacidad ni interés en retenerlos debido a los magros salarios que se pagan en el sistema de Ciencia y Tecnología, a la vez que no se les ofrece la infraestructura necesaria para llevar adelante sus investigaciones.
De todas formas, no es a este tipo de “riqueza humana” a la que me refería en el párrafo anterior, sino a la riqueza espiritual y moral de los habitantes, la cual es posible encontrarla en el sentido de la solidaridad para con los más necesitados y en el respeto por la justicia y la legalidad en todos los órdenes de la vida, aun los de práctica más cotidiana. Y los argentinos –quizás por eso de ser un crisol confundido de diversos grupos culturales que inmigraron hacia acá en épocas de bonanza– hace tiempo que perdimos la solidaridad, empezando por la que debiéramos haber tenido para con nuestros hermanos hispanoamericanos. Una leyenda bien fundamentada recorre “nuestra” América –en el verbo de S. Bolívar y J. Martí– que afirma lo que vengo de señalar cuando relata que desde antaño creímos que nuestro país era la parte más occidental de Europa, en lugar de considerarnos una de las más orientales del continente. Era una forma de escapar al destino incierto de ser latinoamericanos.
La justicia y la ley también poco nos han importado. Eso sí, son palabras que usamos a diario para exigir que el vecino cumpla con ellas, pero cada uno de nosotros, tomados de a uno, siempre hicimos lo que se nos vino en gana y pocas veces lo que debimos hacer. La legislación argentina es una de las de más amplio contenido, ya que cada ley tiene su contrapartida que, en una suerte de reversa, dice lo contrario a la anterior. Cada argentino interpreta la ley a su gusto y beneficio, ya que normalmente va a encontrar un texto legal que le da la razón. Y, lamentablemente, la justicia, salvo honrosas excepciones personales, ha cometido el desliz de estar al servicio del poder político de turno, haciendo caso omiso al principio republicano de la división de los poderes; es decir, el hombre de a pie ha vivido desprotegido del amparo judicial ante los atropellos de los poderosos y por eso no confía ni un ápice en ella.
De todo lo cual se concluye que nuestros recursos humanos no son de la mejor calidad moral esperable11. Esto explica, de alguna manera, que ingenuamente continuemos creyendo el mito de que somos un país rico, cuando la incontrastable realidad que se vive es la de que tenemos un territorio naturalmente rico sobre el cual se ha instalado una población humanamente pobrísima de espíritu y cualidades morales, en la que prima el egoísmo sobre el altruismo y en la que el “sálvese quien pueda” se ha convertido, desde hace añares, en la consigna de sus habitantes. Y la riqueza territorial sola no sirve para algo útil cuando no tiene un grupo humano capacitado para explotarla de manera justa, racional y equitativa.
3. A modo de colofón
Si bien la certidumbre absoluta no existe en saber científico alguno, su margen disminuye considerablemente cuando se trata del estudio de espacios sociales, políticos y económicos, en los cuales los márgenes de imprevisibilidad se ven reducidos por la intervención de una variable compleja que nunca puede ser, por fortuna, prevista categóricamente, como es la de la conducta humana. Dichos márgenes se reducen de manera exponencial cuando se pretende hacer tales análisis y lecturas de la realidad para el caso de Argentina debido a que, como lo señaláramos en el primer punto de la nota, los acontecimientos se suceden de modo vertiginoso variando en sus formas y contenidos en direcciones que a veces alcanzan el límite de lo escatológico y grotesco12.
Es por ello que, lamentablemente, el lector se encontrará sin predicciones alternativas sobre qué ha de ocurrir en el futuro cercano con la crisis argentina. Ningún analista serio puede permitirse ese lujo intelectual. Solamente finalizaré señalando que el pueblo le está diciendo ¡basta! a un modelo político y económico ineficaz; a voz en cuello grita “que se vayan todos” en tanto que la clase política, sindical y los privilegiados magistrados de la Justicia miran hacia otro lado. En estas horas difíciles y confusas se está escribiendo, con el protagonismo popular, una nueva historia cuyo final –al igual que algunas partidas de ajedrez– es abierto y nadie se atreve a asegurar cuál será su culminación. Sólo como expresión de deseo personal, me permito añadir que espero, aunque sea por única vez, que triunfe el sentir y el pensar de un pueblo que ha vivido oprimido y está buscando los senderos de su liberación definitiva.
© Angel Rodríguez Kauth
Profesor de Psicología Social y Director del Proyecto de Investigación "Psicología Política", en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis, Argentina.
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NOTAS
1 Durante la última década, la posterior al final de la Guerra Fría, el gasto militar mundial descendió en alrededor de 150 mil millones de dólares entre el 90 y el 98; sin embargo, en Latinoamérica en el mismo período, dicho gasto ascendió de 13,5 a 26,5 mil millones, casi el cien por ciento, monto superior al registrado en cualquier otro lugar.
2 Como los son las instituciones nacidas en Bretton Woods para 1944, Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional.
3 Para no demostrar públicamente su ineficiencia y quitarle dramatismo a la situación.
4 Tiene ingresos inferiores a 30 dólares mensuales.
5 Normalmente, cuando se hace alusión a ella es para referirse a las distintas formas de combatirla como enfermedad social; aunque hasta la fecha parece ser que los intentos de reducirla han sido vanos, ya que permanentemente aumentan los índices de pobreza en buena parte del planeta y cubren a mayor parte de población.
6 Los datos estadísticos presentados adolecen de las fallas mencionadas en el primer párrafo de esta nota, es decir, la mayoría no tienen más de 6 meses de antigüedad, lo cual, en algunos casos, ya los ha convertido en obsoletos, dado que las cifras correspondientes a la pobreza y la indigencia crecen a diario de manera supersónica.
7 Término que comenzó siendo un barbarismo, continuó como neologismo y, en el presente, se ha incorporado al vocabulario cotidiano de los argentinos.
8 Una característica de la izquierda en la Argentina es el fraccionamiento en pequeños grupos por cuestiones que más que ver con diferencias en interpretaciones ideológicas obedecen a egoísmos personales.
9 Por el cual un peso argentino pasaba a equivaler a un dólar norteamericano y que hizo las delicias de quienes creyeron estar viviendo en el envidiado Primer Mundo.
10 Al respecto, vale hacer notar que no dejamos de destacar que en dicha Cordillera está el Aconcagua, el cerro más alto del Continente, como si esto fuera obra de algún ingeniero argentino. Algo semejante ocurre con el famoso Río de la Plata en el estuario de Buenos Aires, el cual nos hace enorgullecer de poseer el río más ancho del mundo, para lo cual vale leerlo con el mismo criterio del Aconcagua.
11 Este juicio puede parecer drástico, pero es la mejor forma de reflejar una realidad en que la ética y la moral se recuerdan como fenómenos folklóricos a los que se les llamaba utopía (Ingenieros 1918) y a los que no dejaría de ser interesante retornar.
12 En el mismo momento que se anunciaba –el 22 de febrero– que casi con seguridad no se pagarían los salarios de los empleados del Estado por la abrupta caída de la recaudación fiscal, se conocía un Decreto de Necesidad y Urgencia –con la firma del Presidente y todo su Gabinete– por el cual ¡se aumentaban sus salarios en un 16%!