Igualdad y políticas públicas: situación actual de las mujeres
Mientras que la desigualdad es fácil,
pues no requiere más que dejarse llevar por la coriente,
la igualdad es difícil porque supone nadar contra ella
R.H. Tawney
1. Igualdad sexual: Improbabilidad histórica
La expresión «la política es cosa de mujeres» tiene en común con la de «igualdad» la pretensión de prefigurar una estado de cosas deseable, incluso utópico y hasta públicamente defendible, pero inexistente. Se trata, así, de expresiones cuya utilidad no es precisamente descriptiva, sino de crítica y negación de los patrones mundiales de iniquidad e injusticia en el reparto de los recursos socialmente generados: prestigio, riqueza y poder, principalmente. Se han desarrollado planes y programas en un sentido inequitativo.
Figura 1: Distribución porcentual de recursos económicos y políticos a nivel mundial según sexo
La desigualdad distributiva de los recursos entre los sexos, como ilustra la figura 1, constituye indiscutiblemente el rasgo general, con independencia de las diferencias entre los diversos sistemas políticos y económicos existentes. Lo que, sin embargo, no oculta un detalle significativo: su especial asimetría en el caso del reparto de los recursos políticos.
Figura 2: Distribución porcentual de recursos políticos a nivel mundial según sexo
La generalidad de las pautas discriminatorias que indica la escasa presencia de las mujeres en los ámbitos de producción de las decisiones políticas y de política1, sin embargo, no debe ser factor que nos haga olvidar las diferencias sustanciales existentes. Los sistemas de mercado, con todo y que resultan inadecuados para promover la igualdad económica en general y también entre los sexos, han demostrado su superioridad como mecanismos de asignación de los recursos divisibles (bienes privados), y otro tanto han hecho las democracias en su función de reparto de los recursos de participación política. De este modo, las cuestiones relevantes no estriban en elegir entre el mercado o el Estado ni mucho entre la democracia y la autocracia, sino en «¿Cómo aseguramos que la democracia y las economías de libre mercado produzcan mejores condiciones de vida para todas las personas, especialmente las pobres y las marginadas? ¿Cómo creamos condiciones en las que las mujeres cuenten con las herramientas de la oportunidad para llegar a ser participantes plenas en sus sociedades?». Dicho en otras palabras: el desafío actual no es edificar economías de mercado y regímenes democráticos a secas, sino en buscar opciones inteligentes para convertir a éstos en instrumentos que nos permitan nadar vigorosamente en contra de las corrientes de la desigualdad entre los sexos. Ése es el paso que se requiere para hacer de lo improbable una probabilidad: que la política, efectivamente, sea también cosa de mujeres.
2. Promover la igualdad sexual: un desafío de política pública
A contracorriente de las opiniones estándar que colocan la marginación sexual como un tema light, ha venido emergiendo una corriente distinta que advierte en la discriminación sexual, además de una severa incongruencia con el respeto a los derechos humanos de aproximadamente tres mil millones de personas (la mitad femenina de la población), un serio problema de eficiencia económica, por el desperdicio del capital humano disponible que esto significa, y un no menos grave problema de inclusión democrática, por la mutilación del demos que implica. En resumen, de este modo, el de género se yergue en un problema multidimensional que pone en peligro la sustentabilidad ética, política y económica de la sociedad mundial en su conjunto, razón por la que con toda razón puede ser considerada un desafío civilizatorio, que puede y debe ser colocado a la par e incluso como condición para la superación de otros igualmente importantes. Por ejemplo, la preservación y mejoramiento de los recursos comunes ambientales y el combate a la pobreza, entre otros de no menor importancia.
No obstante lo anterior, y asintiendo junto con Tawney en la dificultad de avanzar en la igualdad, es pertinente no perder de vista que uno de los principales obstáculos en la política pública reside precisamente en que, como no hay recetas para definir lo público, la publicidad de aquello que se aspira a cambiar es siempre discutible. Me explico: en este caso, la desigualdad sexual es en ciernes un problema público no precisamente porque existan argumentos científicos de que su persistencia puede afectar el destino colectivo, que de hecho los hay, sino más precisamente porque cada vez hay más personas, organizaciones y, en general, fuerzas políticas que, debatiendo en público, determinan consensualmente que es públicamente deseable y pertinente que se reviertan las tendencias de marginación sexual. Por las mismas razones, adicionalmente, queda claro que lo público no es ni lejanamente un atributo del Estado. Más consistente es definirlo como un espacio social, no físico, que los actores políticos actualizan en la medida en que debaten sobre los problemas que les plantea su convivencia. Y he aquí el caso de que la desigualdad entre los sexos, un fenómeno que recorre de norte a sur y de oriente a poniente los rincones del Planeta, se convierte aceleradamente en una ocasión para deliberar globalmente sobre un problema también global. De ser esto cierto, como personalmente creemos, el problema de género, junto con el de la ecología y los derechos humanos, está llamado a ser uno de los protagonistas en la construcción de una entidad a todas luces necesaria para compensar la debilidad creciente de los Estados-nación: la opinión pública mundial.
Al margen de pretensiones tecnocráticas o cientificistas, es de advertir que en un mundo crecientemente excedido de problemas y posibles soluciones, pero más crecientemente escaso de recursos y oportunidades, el conocimiento científico y técnico tiene un papel crucial que jugar. Para la política pública, así, «Lo realmente importante es que todos los recursos de nuestra ciencia social en expansión se encaucen hacia [la solución de] los conflictos básicos de nuestra civilización...» (Laswell 1951). Con toda claridad, según lo expuesto, éste es el caso de la marginación de las mujeres, un fenómeno que atraviesa las más diversas peculiaridades económicas y políticas, y que, por lo visto, resulta compatible con los mecanismos de mercado y extraordinariamente reticente a la intervención política.
Si de buscar un buen ejemplo de lo difícil e improbable que resulta instaurar la igualdad se trata, hay pocos tan buenos como el de las asimetrías distributivas entre los sexos. Aquí, luego de promover cambios jurídicos, modificaciones institucionales, propaganda antisexista, políticas afirmativas, etc., parece faltar sólo un pequeño detalle: provocar el cambio de las mentalidades. Pero aun en el caso optimista de que esto fuese posible, sería todavía más urgente hacerse cargo de la pregunta que Marx alguna vez se hiciera: ¿y quién educaría a los educadores? ¿Sería acaso el Estado, pese a sus fallas consabidas o a la declinación de su capacidad de control político? ¿Sería probablemente el mercado, pese a sus fallas inherentes? ¿O, finalmente, sería la sociedad civil? Obviamente, la respuesta a este enigma es en clave de síntesis. Valga sin embargo el tono provocativo de las preguntas para dejar en claro que la edificación de un mundo más igualitario entre los sexos o de pérdida menos injusto, por ningún motivo será obra de la casualidad, ni siquiera de la más firme voluntad política, sino producto de estrategias serias, sistemáticas, basadas en la inclusión, la corresponsabilidad, la deliberación razonada y razonable, así como en la consistencia de los diagnósticos y las soluciones. Al margen de ello, ni duda cabe, la igualdad será siendo la mayor de las improbabilidades.
3. Más allá de la democracia y la ciudadanía
La democracia liberal, por basarse en el derecho universal a la ciudadanía, es de entre los sistemas políticos el que mejor ha logrado repartir el poder. Y, sin embargo, aun en el mejor de los casos, ella misma se ha mostrado incapaz de evitar la marginación de la mitad femenina de la población. La razón del incumplimiento de la democracia con la realización de su misión expresa de brindar a todas las personas, y especialmente a las mujeres, igualdad de trato ante la ley e igualdad de participación política estriba, como insiste C. Patteman y otras más, en que el principio de ciudadanía sirve muy bien al propósito de limitar el poder del Estado –instaurar las libertades negativas, dirían los filósofos políticos– pero resulta poco o nada útil en la provisión de los recursos indispensables para hacer uso de las libertades políticas –condiciones que dicen nuestros filósofos instauran las libertades positivas–. El punto aquí es simple: la sola limitación al poder del Estado, en donde quiera que se ha presentado, no ha conducido al incremento del poder ciudadano (empowerment) de las mujeres. Lo que, por ende, ha dejado sin resolver el problema de la marginación política o, visto en positivo, de la inclusión democrática (Dahl 1989). En virtud de lo anterior, con justa razón, las críticas feministas al modelo democrático-liberal apuntan a que, definitivamente, es su punto ciego: la existencia de asimetrías en el prestigio, la riqueza y el poder (ver gráficas 1 y 2), que limitan y erosionan las posibilidades de participación política de las mujeres.
En las circunstancias señaladas, el sentido común conduce casi de manera espontánea a la idea de que las asimetrías en el reparto de las oportunidades de vida de las mujeres pueden ser solucionadas a través de la implementación sistemática de políticas públicas redistributivas, diseñadas, claro está, con enfoque de género. El problema de este modo de pensar, a nuestro juicio, estriba en que da por cierto, sin discusión alguna, que el Estado Nacional hoy, como hasta antes de 1945, sigue siendo en el plano interno e internacional el principio básico de organización y funcionamiento de la vida social. Lo que, a todas luces, constituye un supuesto cada vez más disonante con las nuevas realidades económicas, políticas y culturales de la denominada globalización.
De lo anterior, por cierto, no se infiere la tesis de que el Estado-nación sea funcionalmente obsoleto. Sí, en cambio, se sigue que el espacio político tiene hoy una nueva manera de integrarse y, por ende, de funcionar, la cual se caracteriza por la participación, junto con las agencias gubernamentales, de actores diversos como las redes de organizaciones no gubernamentales, las grandes empresas transnacionales, las agencias internacionales (ONU, Banco Mundial y el GATT, entre otros) en un contexto inédito y genuinamente mundial.
Así las cosas, la pregunta relevante es ¿tan conveniente resulta basar la lucha por la igualdad sexual en los esquemas tradicionales de los derechos de ciudadanía que conducen a concepciones de empoderamiento ligadas al formato del Estado-nación? Como, a nuestro entender, no puede eludirse el hecho de que enfocar las estrategias exclusivamente hacia el poder del estado implica no sólo abandonar la suerte propia al designio de las fuerzas globalizadas sino, probablemente, renunciar a incidir en los factores de mayor relevancia causal, la respuesta es en sentido negativo. Más aún, sin que esto signifique que la dimensión nacional carezca de sentido para las propias organizaciones feministas, resulta del todo pertinente asumir la imperiosa necesidad de revisar el eje Estado-nacional/ciudadanía y, quizás, de adoptar otro cifrado en una ciudadanía mundial o cosmopolita.
4. Ciudadanía cosmopolita para la sociedad mundial
El diagnóstico de la época es todavía una cuestión en debate. Sin embargo, tras el popular término de globalización, existe consenso sobre algunos de sus rasgos básicos. Veamos: «lo global no es simplemente la culminación de las relaciones internacionales, sino la intrusión de un nuevo nivel de organización. Pese al hecho de que cada grupo se refiere a éste de forma diferente, el globo es un punto de referencia material y no un ideal universal. Tenemos que distinguir globalismo, el globo negando los límites nacionales, de transnacionalismo o universalismo. La globalidad es un nuevo nivel de organización, en el cual cualquier agente puede tener que ver, pero que no tiene un agente organizador (Albrow 1993: 121). Dicho sintéticamente: la globalización es el tiempo de la sociedad mundial, es decir, de la intensificación de las relaciones sociales (Giddens 1993), sin Estado mundial, vale decir, de la sociedad «no organizada políticamente» (Beck 1998). Esto, por supuesto, no significa una situación en lo que cualquier cosa pueda pasar, más precisamente, significa que la política en su modo tradicional y, por tanto, el Estado-nación, han dejado de ser el centro de la vida social, lo que, quiérase o no, abre nuevas perspectivas y oportunidades de acción para los actores globalizados.
En la arena política, específicamente, esto ha traído consecuencias perniciosas, tales como el incremento de las actividades especulativas en detrimento de las inversiones productivas y la creación de empleos; el avance de la pobreza en el mundo; y el ascenso exponencial de la evasión fiscal y, por cierto, la disminución de los recursos públicos para financiar políticas distributivas y redistributivas. Todo esto sin tener en cuenta otros fenómenos como el deterioro ecológico y el crimen organizado. Y, sin embargo, igualmente cierto es que la nueva era propicia oportunidades inéditas de participación a los actores mejor capacitados para entender teóricamente y asumir prácticamente que la política es ahora un campo de acción genuinamente mundial en el que el Estado-nación es un actor importante, pero ni lejanamente el único o el principal.
Adicionalmente, son estas condiciones de funcionamiento de la política las que, a nuestro entender, generan un vasto e inédito campo de oportunidad a la realización de uno de los más caros ideales de la cultura cívica: la corresponsabilidad. No hay aquí secreto alguno: ya no se trata más de un acto de vocación filantrópica del Estado que comparte con los gobernados su capacidad de gestión política, sino del reconocimiento de que en la nueva época la gobernabilidad o es tarea compartida por los actores políticos, incluidos los gobiernos, o no es tal.
En el contexto descrito, las reivindicaciones de igualdad sexual representan un potencial incalculable de acción colectiva en la sociedad mundial. De ello, aunque en el plano todavía nacional, da cuenta la feminización del principio de ciudadanía (Dickenson en McGrew 1997). El punto, como la experiencia de Nairobi de 1995 deja entrever, es que, por ser las asimetrías sexuales un fenómeno de trascendencia mundial que impacta directamente a la mitad femenina de la población y por ser las redes feministas una experiencia ya articulada a nivel global, el feminismo representa, sin más, un llamado potencialmente exitoso a la acción colectiva de la sociedad mundial. Por la misma razón, adicionalmente, el imperativo de impulsar un nuevo ideal ciudadano enfocado a la participación en la política mundial, y no sólo nacional, pueden encontrar en los movimientos y organizaciones feministas a una de sus principales y más entusiastas promotoras.
Si alguna duda queda todavía sobre el papel del feminismo en la edificación de un orden mundial más justo y democrático, téngase en cuenta que en la visión compartida de las mujeres la globalización se yergue como la oportunidad de dar concreción a la igualdad política que las democracias territoriales no quisieron ni pueden ya promover.
Por todo lo anterior, el fin de siglo y de milenio puede ser considerado como el tiempo de convertir el ideal protesta de la igualdad sexual en una situación de hecho, de hacer verdadera la expresión «la política es cosa de mujeres». La sociedad mundial no puede darse el lujo de desperdiciar el potencial creativo de la mitad femenina de la población. Es tiempo pues de dejar en claro que las mujeres no quieren una rebanada más del pastel, sino cambiar la receta.
© Rosalía Cárdenas
Referencias bibliográficas
Albrow, Martin, The Global Age, State and Society Beyond the Modernity, Stanford, Stanford Univesity Press, 1995.
Beck, Ulrich, ¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización, Barcelona, Paidós, 1998.
Dahl, Robert, La democracia y sus críticos, Barcelona, Paidós, 1989.
Giddens, Anthony, Consecuencias sociales de la modernidad, Madrid, Alianza, 1993.
Held, David, Democracy and the Global Order. From the Modern State to Cosmopolitan Governance, Stanford, Stanford University Press, 1995.
Laswell, Harold, The Policy Sciences, Stanford, Stanford University Press, 1951.
McGrew, Anthony (ed.) The Transformation of Democracy. Globalization and Territorial Democracy, Cambridge, Polity Press, 1997.
NOTAS
1 En el idioma español, esta frase puede parecer redundante, pero no lo es. El idioma inglés que provee los términos de politics y policy, en cambio, se presta a mayor claridad. Las decisiones políticas corresponden al primer sentido, mientras que las decisiones de política al segundo.
2 Texto de intervención de Hillary Clinton en la "Third Vital Voices Conference"