Política monetaria e industrialización en Venezuela
Introducción
Las acciones ejecutadas por el Banco Central de Venezuela (BCV), accionaria de la política monetaria, siempre han estado relacionadas con los movimientos o el comportamiento de la política fiscal, lo que hace de manera preliminar que la política monetaria actúe como política acomodaticia a la política fiscal, esto fundamentado por el comportamiento restrictivo que ha imperado en la política monetaria y el comportamiento expansivo de la política fiscal, un indicio primario de la presencia de gobiernos populistas. Resulta importante destacar cómo la política monetaria en Venezuela se ha encontrado permanentemente supeditada a la política fiscal imposibilitando una concreción participativa de ella en el proceso de fortalecimiento del aparato productivo nacional y –por ende– del proceso de industrialización; así puede afirmarse la presencia de un problema de carácter secular-estructural que dificulta los niveles presentes y futuros de inversión, agravado en la relativa esterilidad de los efectos sobre la demanda agregada y cristalizado en la sobreactuación de un sistema financiero a veces artificial, a veces proactivo. El presente artículo pretende estudiar el comportamiento de la política monetaria venezolana durante el periodo 1998-2002, sus aciertos y dificultades para avanzar en términos de un crecimiento sostenido de largo plazo. Se incorpora además, la problemática del proceso de industrialización venezolano como una evidencia mas de la desarticulación de las fuerzas económico– sociales que actúan en el contexto venezolano.
1. La Política Monetaria en Venezuela
A mediados del año 1998, frente a un clima económico no muy optimista, caracterizado por grandes expectativas de devaluación y ataques especulativos contra la moneda nacional –el bolívar– se tiende a acentuar el uso de instrumentos contractivos de la liquidez; todo esto ejecutado a través de la realización de operaciones de mercado abierto, en conjunción con la adjudicación de los Títulos de Estabilización Macroeconómica (TEMs) y la colocación directa de certificados de depósitos de muy corto plazo a través de la mesa de dinero instalada y controlada por el instituto emisor. Para el momento, la autoridad monetaria procuró alcanzar los objetivos propuestos en su agenda anual, como la disminución de la inflación y la propuestas de medidas que favorecieran al equilibrio externo, mediante la generación de una política cambiaria acorde a la situación económica; de igual forma se propiciaron controles en los niveles de tasas de interés, elevándose la tasa activa casi a un 30% en términos reales, con consecuencias muy negativas para el aparato productivo (García, 2000). Igualmente, se acordaron medidas monetarias destinadas a elevar la eficiencia del encaje legal y el Banco Central de Venezuela autorizó la realización de emisiones de anticipos, con la finalidad de obtener liquidez monetaria frente a problemas coyunturales existentes. La ejecución de las medidas de políticas adoptadas se llevaron a cabo por razón de las operaciones de mercado abierto, con las colocaciones de los TEMs, que ascendieron a bolívares 5.501.109 millones (segundo semestre de 1998), el cual presentó un incremento de 115 %. Adicionalmente, los TEMs registraron una tasa nominal promedio ponderada de 48 % y un rendimiento de 53 %, percibiéndose una leve caída de ambos indicadores al final del año, lo cual imprimió importancia en la desaceleración del proceso restrictivo. Además se realizaron emisiones de certificado de depósitos por 413.851 bolívares millones, a plazos muy cortos y con rendimiento relativamente altos.
En lo referente a la política de encaje legal, durante el transcurso del año se mantuvo el coeficiente en 17 %, aplicado a las operaciones pasivas de las instituciones financieras y la remuneración de la porción del referido encaje por encima del 15 %. En el transcurso del año 1998, el BCV aplicó a las instituciones financieras más de 128 encajes especiales por el incumplimiento en el suministro de información (ENSI) en los términos y plazos establecidos. El monto del referido encaje alcanzó la cantidad de 27.998.140 millones de bolívares, cifra que representa una disminución de 32.48 % comparada con respecto al primer semestre del año 1998, aun cuando el número de aplicaciones de los encajes se incrementó en un 37.63 %. El cierre del año 1998, se caracterizó por el retorno de la estabilidad de los mercados, al cambio de la percepción de los agentes económicos, además de una leve mejoría en el contexto externo. Mejoró la imagen del sistema económico venezolano a nivel externo, además de impactar sobre las expectativas de los agentes económicos, pues los mismos fueron, persuadidos por las expectativas generales a principios de año, lo que impacto sobre su posición de cartera; mientras que el BCV al intervenir en el mercado de dinero y cambiario, consiguió mantener la estabilidad relativa del tipo de cambio y recobró la relativa e inicial confianza de los agentes económicos inherente a la posición nominal del tipo de cambio (Castellano, 2003).
Para el año 1999, se siguió la orientación de los años anteriores, en el sentido de coadyuvar al logro del objetivo de reducir la tasa de inflación a un nivel inferior al registrado en 1998, ya que dicho período se caracterizó por ser un año muy difícil para los responsables en viabilizar las políticas, producto del ambiente de volatilidad percibido en los agentes económicos, siendo necesario realizar esfuerzos por parte del BCV para lograr el objetivo antiinflacionario y avanzar hacia una mayor estabilidad del nivel de precios. Tal realidad estuvo signada por procesos políticos de alta relevancia para la sociedad venezolana, entre ellos, la redacción y aprobación de un nuevo texto de Constitución para Venezuela, aspecto que generó novedosas expectativas para los agentes económicos con la prolongación de la fase recesiva de la actividad económica, lo que acentuó la caída de la demanda por dinero. A mediados del mes de septiembre del año 1999, el BCV realizó la primera subasta de compra en masa de letras del tesoro, uno de los mecanismos de intervención aprobado por el Directorio de la institución. Esta acción se realizó con el objeto de restablecer niveles adecuados de liquidez y de crear condiciones que favorecieran el desarrollo del mercado secundario de títulos de valores. El monto acumulado transado en el mercado secundario de TEM mostró un descenso de 50.19 % comparado con el año anterior. En efecto, las operaciones de compra-venta totalizadas al cierre del período se ubicaron en los 824.9 millardos de bolívares, a valor nominal, lo cual representó una caída de 6.25 %; mientras que en por otra parte las operaciones sin afectación financiera se redujeron en un 59.30 % al situarse en 1.720.9 millones bolívares, en valores nominales al cierre del año. EL BCV en su carácter de agente financiero del Gobierno Nacional, efectuó colocaciones de Bonos de la Deuda Pública Nacional (DPN) a través de su mesa de operaciones de mercado abierto, con el propósito de financiar programas y proyectos contemplados en las leyes de endeudamiento público. El ente monetario realizó colocaciones en el mercado financiero de Letras del Tesoro por 1.191.9 millardos de bolívares, determinando un saldo en circulación de 109.5 millardos de bolívares, al cierre del año 1999.
La recuperación del panorama internacional de los precios del petróleo, a finales del año, facilitó el papel estabilizador del Banco Central de Venezuela en el mercado de divisas, contribuyendo a mejorar las expectativas relativas a la inflación y a la depreciación; concluyendo exitosamente con una reducción de la inflación, meta principal dentro de los objetivos ejecutados por la autoridad monetaria y coadyuvando a un equilibrio en el mercado monetario. La política monetaria aplicada durante el año 2000 estuvo orientada bajo una acción expansiva, con la finalidad de estabilizar, tanto el mercado de dinero como el mercado cambiario. En este sentido, la política monetaria estuvo en sintonía con la recuperación económica y las expectativas de los agentes económicos, en donde se orientó al logro del equilibrio del mercado monetario, atendiendo apropiadamente la monetización de la economía nacional, utilizando instrumentos de operaciones de mercado abierto, encaje legal y tasa de descuento, redescuento y anticipos.
En el primer semestre de 2000, la acción de la autoridad monetaria estuvo caracterizada por una política monetaria expansiva, a pesar de los grandes pagos que debían realizarse por concepto de pasivos laborales contraídos por parte del Gobierno Nacional, todo lo cual puso en movimiento el mecanismo de pagos de vencimiento de bonos por parte del BCV. La política monetaria fue de corte neutral-expansivo, lo cual condujo a una estratégica política de asistencia crediticia. A finales del año 2000, se presenta un cambio en el comportamiento tradicional de la política monetaria (expansiva-neutral), logrando mantener una tasa de inflación moderada con respecto al año anterior.
Por otra parte, los objetivos trazados por el ente monetario para 2001 fue la consecución del objetivo de inflación programado por la autoridad monetaria, logrando mantener condiciones adecuadas para un nivel de reservas internacionales consistentes con la estabilidad del tipo de cambio. En cuanto a la trayectoria de las tasas de interés en valores reales mostró el mismo comportamiento de las tasas nominales, dada la estabilidad mostrada por la tasa de inflación esperada durante el año 2001. De esta manera, la tasa activa real alcanzó el 27.5 % en el mes de septiembre, lo que representó el mayor registro en aquellos últimos 36 meses. Por su parte, la tasa pasiva alcanzó en octubre el nivel máximo de 10.1 % en los últimos 32 meses. En materia de encaje legal, en el mes de agosto se decidió incrementar el coeficiente de encaje legal para los depósitos del sector público en los montos de 17 % a 30 % del total de depósitos, lo que provocó una disminución de la tasa activa para captar fondos de dinero por parte de los agentes económicos (incremento de la inversión) y aumento de la tasa pasiva para lograr el mismo objetivo.
Durante el segundo trimestre del año, la autoridad monetaria actuó de manera más activa en el desarrollo del mercado de dinero al modificar el criterio para establecer la tasa de interés cobrada a las operaciones de asistencia crediticia. La política de asistencia crediticia del BCV fue revisada en el mes de septiembre, al elevarse la tasas de redescuento a 37 %; un 5 % adicional al vigente de agosto. Esta medida encareció el acceso a la liquidez de corto plazo a los fines de desestimular la adquisición de divisas y propiciar un manejo de tesorería más adecuado por parte de las instituciones financieras.
De acuerdo a las políticas implementadas durante el año 2001, se puede afirmar que las decisiones se definieron como una política monetaria de tendencia restrictiva. En este sentido, la reducción de 102.16 % de la incidencia del Banco Central de Venezuela sobre la base monetaria, logró disminuir el crecimiento de esta última, presentando en el año una variación de 11.82 % inferior al registrado en 2000. Por otro lado, a finales de año, el BCV se vio en la obligación de aplicar una estrategia dirigida a mantener la estabilidad del tipo de cambio mediante el aumento de las tasas de redescuento como vía para restringir el acceso a la liquidez inmediata y propiciar de esta manera el alza de la tasa pasiva como incentivo para propiciar el ahorro doméstico y el aumento de la tasa de encaje legal de 17 % a 30 %, medida que restringe la liquidez bancaria para la intermediación; influenciando el alza de la tasa de interés pasiva y la disminución de la tasa de interés activa, para la captación de fondos. Así, en función de los objetivos de orden clásico, se consiguió impactar de manera positiva sobre la tasa de inflación posicionándose otro triunfo en materia macroeconómica ya que su comportamiento hace relajar las variables agregadas, consumo e inversión. Para el año 2002, la actuación del ente emisor estuvo determinada por el cambio de régimen que significó el abandono del sistema de bandas cambiarias y la adopción de la libre flotación del tipo de cambio nominal, en donde frente a esta modificación de política, la figura monetaria rediseñó y redefinió la política monetaria como instrumento directo para la estabilización de los precios. En cuanto a la tasa de interés, se incrementaron con respecto a diciembre de 2001 a más de 50 %, ubicándose en 33.9 % para la tasa de interés activa y 27.9 % la tasa de interés de los depósitos a plazos de 90 días. Sin embargo, a finales de año, la tasa de interés real resultó mucho más pronunciada, debido al impacto del incremento de las expectativas de inflación y producto de las presiones que se observaron en el mercado cambiario y de las medidas de contracción monetaria; resultando un esfuerzo infructuoso ya que a partir de febrero del siguiente año se adoptaría una estrategia flexible con el propósito de procurar la estabilidad de precios en el mediano plazo.
Es importante recalcar que la expansión de la base monetaria se concretó en el mes de diciembre, cuando en el contexto de una virtual paralización parcial de la actividad económica nacional se produjo un sustancial incremento de la demanda de efectivo por parte de los agentes económicos. La fuerte orientación antiinflacionaria de la política monetaria se mantuvo hasta el 13 de febrero de 2002, cuando el objetivo de la política es modificado y se derogan las bandas de flotación, donde el BCV adjudica los dólares en base a subastas, originando con ello una devaluación del bolívar, dada una sensible sobreevaluación del mismo y –a la vez– por los ataques especulativos, los cuales mermaron las reservas operativas, produciéndose a finales del año 2002 fugas de capitales, colocando en peligro el sistema financiero nacional debido a una disminución de los depósitos bancarios en bolívares (Castellano, 2003). A finales del año 2002, el Banco Central de Venezuela acordó implantar una estrategia monetaria que consistió en la aplicación de un corredor monetario para el dinero base, asignándole a esta variable una trayectoria central acotada dentro de un sistema de banda. Este esquema se complementó con la definición de una tasa de interés de corto plazo del mercado como variable operativa, la cual se determinó en función del corredor del dinero base y la evaluación integral y permanente de un conjunto de indicadores monetarios, cambiarios, de actividad económica y de expectativas. Así, el año 2002 se caracterizó por ser un caso especial durante los últimos años de política monetaria. Es de recalcar que la política fundamental realizada a principios de año fue la de dejar a un lado el sistema de bandas cambiarias para pasar a un régimen cambiario flexible; esto fue materializado frente a una disminución de las reservas internacionales a principios de año, lo que poco después traería consecuencias negativas frente a la economía, como incrementos de los precios, fuga de capitales, cierre de empresas, entre otros factores. Adicionalmente, a principios de 2003 se deja de lado tal iniciativa, desmontando el régimen cambiario ante un control de cambio cuya causa primordial fue evitar la fuga de capitales y controlar los grandes saltos que presentaron los precios durante todo el año anterior. Frente a un sistema cambiario de este tipo, por existir restricciones para obtener divisas, se soslaya la posibilidad de la fuga de capitales y –por ende– en la economía venezolana a sabiendas de que la circulación de moneda local coadyuvaría a lograr un excedente de liquidez, impulsando al sistema bancario a reducir la tasa de interés activa e incrementar la tasa de interés pasiva como medida para motorizar la economía por medio del sistema bancario, creando expectativas favorables e incrementando la demanda agregada condicionada por la situación político-social que el país atravesaba en el momento.
2. Antecedentes del proceso de industrialización en Venezuela
El proceso de industrialización venezolana alcanzó, durante las primeras décadas de la segunda mitad del siglo pasado, una fase de crecimiento, consolidación y relativa estabilización, por la política industrial de sustitución de importaciones (años 1950-1960), lo que le dejó al país un parque industrial importante, el cual hasta finales de los años 80 aun presentaba cierto adelanto tecnológico con respecto al resto de América Latina. Además, con la intervención estatal se fijó en el proceso industrial un cierto énfasis sectorial que se inicia con el establecimiento de industrias básicas en el área de la petroquímica y metalmecánica, esta última impulsada fundamentalmente por el liderazgo de las ensambladoras automotrices que se establecieron en Venezuela (Clemenza, et al. 1997). El modelo de sustitución de importaciones (1960), teóricamente diseñado para la industrialización de Venezuela, tendía a largo plazo hacia la concentración como la única vía del progreso y era apoyada por la intervención del Estado en el manejo del proceso económico y manufacturero. La orientación básica de la planificación industrial (Cordiplan, Ministerio de Fomento) partía del supuesto de que las grandes industrias permitieran crear economías de escalas, por lo tanto fueron capaces de reaccionar positivamente ante las variaciones de la demanda, por lo cual el aumento progresivo del tamaño de las empresas con altas inversiones de capital y una producción a gran escala, eran los signos de la desaparición de la actividad artesanal y de las industrias pequeñas. Esta orientación es la corriente del pensamiento de la política industrial de los años de la década de 1960, la que se complementa en los 70 con la tendencia a la inversión y concentración en las industrias de economía de escala, como política oficial del progreso económico e industrializador venezolano. Durante las décadas de 1970 y 1980, el sector industrial –en términos generales– presentó pocos cambios, en cuanto a su apariencia básica. En los años 70, se realizaron grandes inversiones de ampliación y adquisición tecnológicas en las industrias básicas estatales, así como de la creación de los actuales 23 parques industriales de pequeña y mediana industria establecidos por todas las regiones del país, por consiguiente en la actualidad el retraso o la obsolescencia de la tecnología tangible e intangible es ahora la nueva realidad crítica que se suma al proceso de desindustrialización y a los costos que produce la poca calidad e improductividad de la industria nacional. Los altos ingresos en divisas obtenidos por el país en toda la década de los 80 fueron dirigidos a cubrir los costos de mega-proyectos de infraestructuras desarticulados de un concepto integral de desarrollo económico e industrial y en gastos suntuarios –tanto gubernamentales como empresariales– sobre las reales necesidades de transferencia y dominio tecnológico que requería la modernización de las bases productivas venezolanas. Situación que el proceso de ajuste macroeconómico iniciado en 1989 no pudo controlar y solventar por no haber contado con una estrategia económica global clara y coherente hacia la nueva industrialización requerida, lo que sí se logró fue la progresiva descapitalización y obsolescencia de los activos fijos de gran mayoría de las empresas.
3. Situación actual del sector industrial venezolano
En Venezuela, el proceso de industrialización presenta cambios generados a causa de desequilibrios en el sistema económico mostrándose inestable en los últimos cinco años. De tal forma, la situación económica del país no ha variado sustancialmente en estos últimos años, aunque durante el período analizado se ha dado cierta estabilidad en las principales variables macroeconómicas y en los precios del petróleo, contraviniéndose el incremento de las reservas internacionales, pero no se ha evidenciado el crecimiento sostenido de la producción en consecuencia de la inversión. Entretanto, el sector productivo continúa con una lenta y poco significativa recuperación. Esto se evidencia por los altos costos transaccionales que implica el control de cambios, al observar cómo el consumo interno continúa deprimido, la producción y las ventas siguen en contracción, las exportaciones no tradicionales disminuyen y los indicadores del mercado laboral no se configuran con una estructura estable, todo ello unido a un clima económico y social de poca confianza con respecto a la inversión privada, tanto nacional como extranjera (Soto, 2003; Piletti, 1999). Puede decirse que las consecuencias de una desacertada política industrial es lo que se está viviendo actualmente, cuando la economía se encuentra bajo el peso de la deuda externa y un gasto público desbordado ante el cual, una de las fórmulas para impulsar al sector industrial hubiese sido la puesta en marcha de un incremento muy significativo de las exportaciones no tradicionales. Lamentablemente, ese efecto no se puede lograr con el estado en que se encuentra la industria actualmente, la que continúa esencialmente atrapada en su retórica proteccionista, y se debate para volver a esquemas anteriores que le garanticen el reducido pero cómodo mercado interno. Frente a los desequilibrios económicos que durante los últimos años se han suscitado en el país, el gobierno ha adoptado diversas estrategias de política que permitan atenuar los efectos negativos derivados del deterioro continuo de las variables macroeconómicas (Gómez, 2003), a pesar de eso, las políticas monetarias, fiscales y cambiarias no han intervenido de forma efectiva en controlar aquellas variables que afecten al comportamiento de la inversión privada real, esta acotación se puede verificar en que, además de las variables cuantitativas como la tasa de interés que afecta a la inversión, otras variables como el riesgo, o los desincentivos políticos han ido en detrimento de la inversión y apaciguando el proceso de industrialización. Durante el período de 1998-2001, el comportamiento de la inversión fue más que todo de tipo contractivo, lo que se traduce en el apalancamiento del proceso de industrialización, esto se pone en evidencia en las variaciones negativas de las tasas de crecimiento de cada uno de los años del período que hemos considerado.
En nuestro país, el proceso de industrialización ha sido vulnerable a las acciones de las políticas fiscales y monetarias, lo cual han hecho paulatinamente decrecer la inversión, impulsada por el alza de las tasas de interés, junto con la apreciaciones cambiarias originadas por la enfermedad holandesa, lo que se ha reflejado en la dinámica de la industria en Venezuela. Al referirnos al efecto de la tasa de interés, se puede señalar la inestabilidad que presentan, imprimiendo desconfianza sobre la inversión, dada una política monetaria presionada por los efectos fiscales que no puede actuar de forma independiente en función de saturar en alguna medida conveniente el mercado de dinero para así incentivar la inversión, a través del manejo de las tasas de interés. En consecuencia, durante el período 1998-2002, se ha producido el cierre de aproximadamente 5.030 establecimientos industriales de 11.539 que estaban operando, lo que ha ido en detrimento de la industrialización. La inestabilidad política ha producido incentivos negativos para la inversión real, donde cerca del 63 % del sector ha cancelado o reducido sus inversiones en el país, contrayéndose el aparato productivo, situación que ha agudizado la recesión económica (CONINDUSTRIA, 2003). Asimismo, se ha perdido cerca de 250.000 empleos; solamente durante el segundo trimestre de 2002 el empleo industrial ha reducido sus nóminas en un 16.5 %, lo que significa alrededor de 53.000 puestos de trabajo menos en el sector formal de la economía, los que pasaron a ocuparse en el sector informal, cuyo resultado productivo no forma parte del PIB corriente de la economía venezolana. Para que en el país se desarrolle el sector industrial se requiere de la confluencia sinergética de varios factores, entre los cuales se pueden citar: estabilidad económica, expectativas favorables, tasas de interés bajas y estables, confianza política, entre otras. Así entonces, la industrialización puede hacerse realidad, pero de una manera estructuralmente continua, comenzando por dimensionar la política económica con respecto a las necesidades y requerimientos óptimos del sector.
A manera de conclusión
Durante el periodo 1998-2002, se establecieron políticas que intentaron cumplir con la meta antiinflacionaria utilizando el tipo de cambio como anclaje del nivel de precios, a través de bandas de flotación y niveles de reservas internacionales relativamente altas, provocada por incrementos sustanciales en la renta petrolera. En este sentido, la participación activa del BCV, como ente regulador de la política monetaria, coadyuvó a la estabilidad del tipo de cambio, buscando corregir los desequilibrios presentes en el mercado monetario y logran disminuir la tasa de inflación de 29,9 % (1998) a 12,3 % (2001). Sin embargo, la orientación de política monetaria originó el deterioro de otras variables macroeconómicas tales como el empleo y el producto interno bruto; además del comportamiento contractivo de la inversión que ha inducido al cierre de numerosos establecimientos industriales. Es decir, frente a los desequilibrios económicos suscitados en los últimos años, el gobierno adoptó diversas estrategias de política como forma de atenuar los efectos negativos derivados del deterioro continuo de las variables macroeconómicas; esto sin tener presente que ninguna podrá funcionar descontextualizada de la realidad político-social del país. Por ello, a pesar de las políticas monetarias, fiscales y cambiarias implantadas, no ha logrado intervenir de forma efectiva sobre aquellas variables que afectan el comportamiento de la inversión privada real y en particular la inversión en activos dentro de la industria. Tal acotación se puede explicar en la creciente aversión al riesgo y desincentivo a la industria privada, en detrimento del proceso de industrialización interna. Tal realidad está enmarcada en un entorno general de incertidumbre, en políticas ejecutadas sin gradualidad y en un cambio de orientación macroeconómica sin política coherente, aspectos que se han convertido en factores críticos para la industria nacional y en particular, para los pequeños y medianos establecimientos venezolanos, que aún, en la actualidad no han logrado superar el estancamiento productivo que han experimentado a lo largo de la historia del país; teniendo que enfrentar una dinámica de política económica basada en la no-existencia de una política industrial claramente establecida y sin orientaciones estrategias básicas, dirigidas a lograr el crecimiento y consolidación del sector.
©Juliana Ferrer, Caterina Clemenza, Américo Soto y Álex Gómez
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