La percepción de la democracia en el área andina
En el área andina, las dictaduras militares fueron superadas hace más dos décadas, pero la realidad de Bolivia, Perú y Ecuador está muy alejada del paradigma y, sobre todo, de un funcionamiento aceptable de la democracia representativa, liberal y pluralista. Lo más preocupante de esta evolución reside en el hecho de que no son únicamente factores externos los responsables por este desarrollo (la crisis económica inducida desde afuera, las recetas del Fondo Monetario Internacional, las influencias del mercado mundial y de los medios masivos de comunicación1), sino también valores de orientación y pautas normativas de comportamiento de vieja data que se mantienen paralelamente a los procesos de modernización. Se puede aseverar que después de largos años de transición a la democracia y de un laborioso ingreso a la mal llamada globalización, en tierras andinas el proceso de democratización ha generado notables edificios institucionales, legales y electorales que coexisten en curiosa simbiosis con estatutos normativos, costumbres ancestrales y prácticas cotidianas premodernas, particularistas y hasta irracionales. Muchas veces la democratización y la modernización han servido para revigorizar tradiciones premodernas y, de este modo, hacerlas más resistentes frente a impugnaciones realmente innovadoras. Esta situación no ha podido ser modificada por los artificios de la ingeniería política, hoy tan en boga3. Esta paradoja, que acompaña a numerosos decursos modernizadores en Asia, África y América Latina, no puede ser explicada adecuadamente mediante análisis de índole tecnocrática; hay que acudir a explicaciones interdisciplinarias de carácter provisorio que combinen los conocimientos históricos con la psicología política y la investigación empírica. La realidad contemporánea de la región andina está signada por un creciente descenso del nivel de vida de las masas, por la pérdida de credibilidad de partidos y programas políticos, por la volatilidad de la preferencia electoral, por la inestabilidad gubernamental, por la inseguridad ciudadana y, ocasionalmente, por explosiones de violencia anómica4. Pero asimismo por factores que la politología convencional deja de lado: la destrucción incesante del medio ambiente a causa del progreso material en todas sus facetas, las consecuencias prácticas de las expectativas siempre crecientes de la población con respecto al nivel de vida, la estulticia propagada por los medios masivos de comunicación y los efectos, ahora claramente visibles, de un aumento exponencial de la población en los últimos cincuenta años. Todo esto ha generado un aumento cualitativo y cuantitativo de todo tipo de demandas por parte de los habitantes de la región andina, los que, de todas maneras, tienen contactos cada vez más estrechos con el resto del mundo y comparten cada día más los valores de orientación y sobre todo de consumo de la sociedad planetaria. Y como la consecución de esos objetivos es imposible para las grandes mayorías, se produce una sensación generalizada de frustración, que se traduce a menudo en actos de agresión. El deterioro progresivo de la situación ambiental, la escasez de tierras agrarias aceptables, la propagación de conflictos por territorio, agua y recursos naturales y el hacinamiento en las grandes aglomeraciones urbanas nos muestra lo que significó y significa descuidar deliberadamente la problemática ecológico-demográfica, como si políticas conservacionistas diseñadas a largo plazo constituyeran un lujo que las sociedades andinas no pueden y no deben darse. Junto a estos fenómenos –y como presunta solución a ellos –se expande una curiosa mixtura de credos pseudorreligiosos, valores particularistas, doctrinas nativistas, movimientos indigenistas y tendencias de la llamada antipolítica, inspiradas a menudo por caudillos carismáticos. Todo esto es fruto y signo de la crisis de las naciones andinas. Hay que mencionar aquí el hecho de que casi todos los experimentos con gobiernos populistas o indigenistas en las administraciones centrales y municipales han resultado hasta ahora una desilusión porque, aparte de reproducir los fenómenos de corrupción y corruptibilidad en la forma más crasa, no han podido generar soluciones para los problemas de fondo de los países andinos.
Es importante señalar otro conjunto de motivos por el cual la moderna cultura política democrático-liberal no ha echado raíces sólidas en la región andina. Prácticas y principios democrático-liberales están todavía asociados en la memoria colectiva a la antigua elite tradicional y a su sistema oligárquico de partidos. Los afanes modernizadores de la vieja elite (hasta más o menos 1950/1960) no tuvieron éxito porque una genuina cultura liberal-democrática era considerada como extraña por la mayoría de la población, que estaba –y está aún –fuertemente influida por el autoritarismo de la tradición indígena prehispánica y de la cultura ibero-católica de la era colonial. Por otra parte, la democracia liberal fue combatida ferozmente a partir de 1950/1960 por las “nuevas” fuerzas nacionalistas y revolucionarias, que estaban imbuidas del espíritu centralista y verticalista de los experimentos nacionalistas y socialistas en todo el mundo. La lucha contra la oligarquía encubrió eficazmente el hecho de que estas corrientes radicalizadas detestaban la democracia en todas sus formas y, en el fondo, representaban una tradición autoritaria muy arraigada en las clases medias y bajas, en el ámbito rural y las ciudades pequeñas y en todos los grupos sociales que habían permanecido secularmente aislados del mundo exterior. En Bolivia, Perú y Ecuador los regímenes del nacionalismo reformista reavivaron en nombre del desarrollo acelerado las tradiciones del autoritarismo y el centralismo, las formas dictatoriales de manejar “recursos humanos” y las viejas prácticas del prebendalismo y el clientelismo en sus formas más crudas. Durante décadas, todo esto fue percibido por una parte considerable de la opinión pública como un sano retorno a la propia herencia nacional, a los saberes populares de cómo hacer política y también como un necesario rechazo a los sistemas “foráneos” y “cosmopolitas”. Pese al retorno a la democracia representativa y a pesar de la implantación del neoliberalismo, una porción significativa de esas corrientes autoritarias determina aún el comportamiento de dilatados sectores sociales en las naciones andinas. Entretanto el pésimo desempeño en función de gobierno de los partidos populistas e izquierdistas, por un lado, y de los regímenes neoliberales, por otro, ha conducido al descrédito de todo el sistema de partidos, de modo que en el presente prácticamente ninguna agrupación política está exonerada totalmente de la repugnancia colectiva. Innumerables encuestas de opinión, los informes de LATINOBAROMETRO y el tenor general de la prensa en la zona andina nos muestran que los partidos políticos compiten con el Poder Judicial y la policía nacional respectiva por obtener el último lugar de la preferencia colectiva con respecto a instituciones públicas. (El primer lugar está ocupado generalmente por la Iglesia Católica o los medios de comunicación.) Y ello precisamente porque el estamento político es el más apegado a las pautas menos recomendables de comportamiento y porque los políticos practican o toleran las costumbres más deplorables del pasado iberoamericano (como el aligeramiento sistemático del erario fiscal).
Este dilatado malestar en el ámbito socio-político se manifiesta en un rechazo innegable de los partidos y sus líderes, por medio de un marcado desencanto con los resultados cotidianos de los procesos de modernización y mediante un escepticismo creciente con respecto al modelo democrático-liberal. Pero, como es habitual, los detalles de esta constelación nos muestran una realidad mucho más compleja y con rasgos marcadamente contradictorios entre sí. Según las encuestas en torno a la cultura política andina, la gente, a pesar de no estar satisfecha con el régimen democrático específico, se declara, en general, partidaria de la democracia como norma suprema de convivencia. Pero esta apreciación positiva y promisoria no se extiende a instituciones específicas, y menos aún a los políticos de carne y hueso. La población afirma, por ejemplo, que la actividad de los partidos le produce desconfianza, disgusto, aburrimiento, indiferencia o irritación, pero, al mismo tiempo, cree que la democracia es indispensable y que los partidos y los políticos son males necesarios. Es por ello conveniente señalar algunas de las características de esa realidad compleja y contradictoria. En los últimos veinte años, se han realizado reformas constitucionales, legales e institucionales de gran envergadura, que no han impedido y ni siquiera mitigado antiguas usanzas burocráticas, prácticas corruptas aberrantes y políticas públicas erráticas. Por ejemplo: la reorganización del Poder Judicial –la creación de nuevos órganos como el tribunal constitucional, el defensor del pueblo, el consejo de la magistratura y el establecimiento de nuevos códigos –no ha podido alterar sino muy parcialmente las rutinas de venalidad, lentitud e ineficacia que caracterizan los estrados judiciales desde la era colonial española. La modernización de la administración estatal y de las fuerzas de orden público (especialmente de la policía) no ha podido evitar la persistencia de engorrosos trámites y de hábitos irracionales, por un lado, y el aumento espectacular de la inseguridad ciudadana en los últimos tiempos, por otro. Jamás se había discutido tanto sobre temas de medio ambiente (incluidas las muchas cumbres presidenciales y la creación de innumerables instancias consagradas presuntamente a cuestiones ecológicas, como el Ministerio de Desarrollo Sostenible en Bolivia), y nunca se han aniquilado tantos bosques como en los últimos diez años, es decir, después de la llamada Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro de 1992. Nunca se hicieron tantos esfuerzos modernizadores para ampliar y mejorar las autonomías municipales, y jamás se dio una ola similar de corrupción y apropiación privada de fondos fiscales en el ámbito de las alcaldías y regiones descentralizadas. La población andina vislumbra otros aspectos de la constelación socio-política de la siguiente manera. La democracia representativa, unida a la economía de libre mercado, está dirigida por elites y partidos políticos, cuya competencia técnica, cualidades morales y hasta common sense han resultado ser bienes notablemente escasos. Pero al mismo tiempo –y esto constituye lo realmente preocupante– parece que esta situación es vista por la población como un fenómeno natural, es decir, como algo que los mortales no pueden modificar mediante actos conscientes y que, por lo tanto, la actitud adecuada es la pasividad y la resignación. Una muestra de ello es el comportamiento de la sociedad en los actos electorales, en los que se empeña en elegir libremente a gobernantes y grupos políticos, cuya reputación en una amplia perspectiva histórica es simplemente mediocre. Una actitud fundamentalmente pasiva convive con explosiones esporádicas de violencia política, sobre todo de carácter anómico, explosiones que rara vez logran inducir cambios sociales de envergadura.
Hay que señalar que en el área andina los cimientos de la cultura política siguen siendo básicamente las antiguas normativas autoritarias de las civilizaciones prehispánicas y de la tradición ibero-católica de la colonia española, que se manifiestan, por ejemplo, mediante una tolerancia bastante amplia frente a una administración centralizada, burocratizada, ineficiente y corrupta y por medio de una indiferencia muy marcada ante una modernización imitativa y deshumanizante, es decir frente a aspectos que restringen la calidad de la vida a largo plazo. Contra este parecer se puede argumentar que ha surgido una fuerte oposición precisamente a causa de la desilusión colectiva con las políticas públicas y los resultados de las pobres gestiones gubernamentales desde la terminación de las dictaduras militares (alrededor de 1980-1985), pero hay fuertes indicios de que pese a su retórica revolucionaria y a su crítica de la extendida corrupción, los grupos contrarios al “sistema” andino actual buscan en el fondo un reacomodo dentro del mismo, manteniendo las manifestaciones más evidentes de la mentalidad conservadora-convencional. Extensos sectores de la población andina protestan contra el mal gobierno y sus efectos, pero simultáneamente se adhieren a valores normativos y a rutinas muy difundidas que hacen imposible (o, por lo menos, improbable en el corto plazo) una modificación realmente seria de las prácticas público-políticas irracionales. Todos los pueblos han mantenido rutinas y convenciones durante largo tiempo sin ponerlas en cuestionamiento. Ahí reside su fuerza: tienen vigencia a partir de ellas mismas y no requieren de alegatos justificativos. Son normas de orientación obvias, sobreentendidas y respetadas por una buena parte de la población. Llegan a ser apreciadas como rasgos distintivos de lo auténticamente propio, es decir en cuanto signos de la identidad colectiva. A largo plazo la preservación de rutinas y convenciones devenidas obsoletas y hasta irracionales constituye, por un lado, un obstáculo notable para todo proceso de modernización, y contribuye, por otro, a alargar la vida de hábitos sociales retardatarios y engorrosos. Ciertas usanzas frecuentes en el Poder Judicial y en la administración pública (como la corrupción endémica, el centralismo, el patrimonialismo y el exceso de trámites), no han sido jamás aprobadas por ningún órgano representativo de la sociedad y nunca han sido codificadas como normas oficiales, pero en la cruda realidad poseen la calidad de pautas indubitables de comportamiento colectivo, lo que quiere decir que no hubo necesidad de definir y aceptar estas rutinas de modo expreso y notorio porque siempre han disfrutado de una validez prerreflexiva muy amplia y sólida. El ejemplo más claro y más pernicioso de ello ha sido la cultura política del autoritarismo, cuya aceptación tácita por las fuerzas conservadoras y, paradójicamente, por los partidos izquierdistas, el movimiento sindical, los maestros de escuela y los intelectuales progresistas representa una muestra de rutinas y convenciones de enorme fuerza orientadora en la praxis cotidiana. Los factores recurrentes de la mentalidad colectiva y de la cultura política del autoritarismo son históricos, es decir, transitorios y pasajeros. No conforman esencias inamovibles, perennes e inmutables de pueblos y sociedades, aunque puedan durar varias generaciones. Pero estos factores de la mentalidad colectiva pueden mantenerse activos durante períodos muy largos, y entonces determinan en alguna medida, difícil de precisar, lo que se llama la identidad colectiva. Muchos de los elementos político-institucionales heredados y mantenidos desde la colonia española (como el patrimonialismo, el nepotismo y el favoritismo) no coadyuvan a edificar una confianza pública en la igualdad ante la ley ni en la objetividad de cualquier actuación de la administración pública. Desde hace siglos el grueso de la población identifica el puesto estatal con su detentador momentáneo. El caudillo político que puede distribuir cargos estatales es visto, en el fondo, como el propietario legítimo del aparato gubernamental. Los poderosos tienen una óptica patrimonialista muy similar: se sirven del Estado para conceder prebendas, consolidar sus intereses y “colocar” adecuadamente a su clientela y parentela. En el patrimonialismo se diluye el límite entre lo público y lo privado: lo estatal es percibido por la clase política como la posibilidad de acrecentar lo privado. El Estado de Derecho –que puede muy bien existir en el papel– no se difunde hacia abajo, no penetra en la mentalidad de las capas populares. La población no tiene confianza en las actuaciones estatales.
El ciudadano busca la aprobación de su trámite o la decisión del tribunal fuera de la legalidad en sentido estricto. Esto ha fomentado una mentalidad de astucia, disimulo, ventajas y picardía individuales, pero no una cultura cívica razonable y duradera, basada en el Estado de Derecho, en el respeto al ciudadano y en la pluralidad de opiniones. Es interesante señalar que la predisposición a los trucos y las artimañas –eludir leyes y estatutos de una manera considerada como habitual y casi legítima –procede, por lo menos parcialmente, de la herencia islámica5, que ha engendrado una mentalidad poco favorable al Estado de Derecho. Durante la era colonial y con respecto a la región andina la corriente inmigratoria más importante provino del sur de España, de regiones como Andalucía, Extremadura y Murcia, que habían estado más tiempo que el resto de la península sometidas al dominio árabe-islámico. Estos contingentes poblacionales de origen humilde estuvieron expuestos a los factores autoritarios y colectivistas de la cultura popular árabe-andaluza y no conocieron la mentalidad más liberal y menos centralista de Cataluña y del norte de España. Esta gente, que detestaba ocupaciones manuales, pero también todo esfuerzo intelectual, encarnaba una visión autoritaria del mundo. De ahí proviene hasta hoy una parte considerable de las elites sociales y políticas. Estas antiguas rutinas y convenciones permean en la actualidad una porción dilatada de la mentalidad andina y no son vistas como algo negativo por la mayoría de la población. Los ricos y los poderosos siempre han sabido cómo eludir el peso de la ley y cómo obtener fallos favorables de jueces complacientes. Dentro de esta misma tradición cultural la ley representa para los estratos medios y bajos una realidad extraña, arbitraria y sin fuerza moral. La popular sentencia: “Para los amigos todo, para los enemigos la ley”, es un buen ejemplo de esa situación, pues engloba por un lado la discrecionalidad y arbitrariedad de las autoridades cuando existe una voluntad política, y por otro la concepción, tan arraigada en toda la sociedad, de que la ley es básicamente un castigo y una maldición. Mediante el análisis de una amplia encuesta de opinión pública (realizada en 1999), Jorge Lazarte brinda pistas decisivas para comprender por qué comportamientos modernos y democráticos no se han consolidado en Bolivia pese a todas las reformas modernizantes a partir de 19856. (La situación en Perú y Ecuador no es básicamente diferente.) Por un lado se puede constatar empíricamente que una mayoría notable de la población (71 %) prefiere la democracia a cualquier otra forma de gobierno y estaría dispuesta a defenderla si estuviera amenazada (85 %), y esto pese a que sólo el 48 % de los encuestados está satisfecho con los resultados tangibles de la misma7. Como asevera Lazarte, se ha desarrollado en las últimas décadas una nueva sensibilidad, bastante moderna, que es “la aversión al riesgo” (que conllevan por ejemplo las propuestas y los programas de tinte radical); de ahí se derivan la predisposición al diálogo y el rechazo a la violencia política (esta última es favorecida sólo por el 5 % de la población8). Pero por otro lado persisten valores de orientación y comportamientos colectivos de vieja data que obstaculizan la praxis efectiva de la democracia moderna, como la poca importancia atribuida por la población al cumplimiento de las leyes vigentes (los cuerpos legales siguen siendo percibidos como mera formalidad), acompañada por la opinión generalizada de que la justicia es algo reservado para pocos privilegiados. Más preocupante aún es el hecho de que algunos derechos humanos fundamentales aparezcan cuestionados en su ejercicio, sobre todo el derecho a la libre expresión, que una buena parte de la población no está dispuesta a conceder a los otros, a los disidentes o meramente diferentes; la tolerancia en cuanto normativa tiene una apreciación muy baja por el grueso de la población (5 % de la muestra). En conexión con este punto se halla la visión positiva del bloqueo de carreteras (vulneración de derechos de terceros) y la inclinación a no acatar una decisión de autoridad competente (por ejemplo: fallos judiciales) si ésta resultara contraria a los intereses de los encuestados. Como dice Lazarte, una buena porción de la sociedad confunde autoridad con poder y éste último con arbitrariedad, lo que tiene ciertamente una razón de ser histórica, pero lo grave es que esto no ha sido modificado por el proceso de modernización. Los andinos están cada vez más conscientes de sus derechos, pero no así de sus deberes, lo que conduce a trivializar fácilmente la vulneración de derechos de terceros9. Como asevera Lazarte, la evidencia empírica muestra la coexistencia de nuevas orientaciones democráticas junto con viejas normativas autoritarias: las mismas personas que apoyan la democracia persisten en practicar valores autoritarios, y viven así “entre dos mundos”10. Se trata de un fenómeno muy generalizado en todo el orbe, pero en el área andina la brecha entre ambos sistemas de valores puede consolidarse de tal modo que la implantación de la democracia moderna quede básicamente en el papel. Las normativas autoritarias provenientes de capas profundas de la conciencia colectiva, y ellas son las que entorpecen el surgimiento de una sociedad más abierta, tolerante y pluralista.
Lo que predomina en el mundo andino del presente es una visión tecnocrática de la democracia y la modernización: así como esta última es percibida como la difusión de una racionalidad instrumentalista, el sistema democrático es considerado óptimo si asegura la legalidad del poder supremo mediante el voto de las masas adoctrinadas por los medios masivos de comunicación: las elecciones como un método para justificar una rotación ordenada de elites. En este contexto, la acción de gobierno de parte de los iluminados (es decir: los políticos profesionales), que interpretan y, por lo tanto, detentan la voluntad general, consiste en dirigir desde arriba la utilización de los recursos y determinar las políticas públicas pertinentes. De este modo, la democracia corre el riesgo de verse reducida al respeto de las reglas de juego y a la celebración periódica de elecciones. En este sentido no hemos avanzado mucho en el último siglo, ya que el autoritarismo convencional ha sido perpetuado bajo el ropaje tecnocrático que dictan las modas del momento. La percepción de los partidos y los políticos de parte de la población tiene que ver con uno de los problemas poco estudiados por los enfoques institucionalistas, que se refiere a la calidad intelectual y ética de los grupos dirigentes encargados de implementar las reformas modernizadoras. La opinión pública que podemos llamar esclarecida está asombrada al observar que la mayoría de las personas ahora consagradas a la ideología neoliberal representa fragmentos de las antiguas elites pro-estatistas, antidemocráticas e iliberales. Han cambiado ciertamente su discurso ideológico, pero siguen siendo la misma capa privilegiada de antaño con su mentalidad inextirpable de servirse eficazmente de los fondos fiscales –pero eso sí: ahora con una mejor educación cosmopolita y con inclinaciones tecnicistas. Las elites actuales, legitimadas democráticamente, han resultado ser grupos remarcablemente autosatisfechos, arrogantes y cínicos, lo cual no sería tan grave si estos grupos denotaran un mínimo de competencia administrativa, honradez en el desempeño de sus funciones y algo de interés por la estética pública. Lo que han logrado, y esto sin duda alguna, es la separación entre ética y política, hecho de gran relevancia en el largo plazo. En el área andina, los dirigentes y partidos democráticos han imitado con cierto éxito el liberalismo económico de los países del norte, pero han despreciado con igual energía las virtudes cívicas que hicieron grandes a aquellos países: han desestimado el espíritu crítico y científico de Occidente, pero han importado sin restricciones la estulticia difundida por los medios masivos de comunicación, la comercialización de la vida cotidiana y los métodos más refinados de corrupción financiero-bancaria. A la opinión pública le parece, por ejemplo, que los políticos profesionales son personas con un nivel cultural bastante limitado y con un horizonte de anhelos muy restringido: potestas, pecunia y praestigium (poder, dinero y honores). Precisamente en el marco de la democracia de masas los líderes políticos tienden a parecerse a los presentadores de televisión y a los expertos en relaciones públicas, excluyendo todo indicio de intelectualidad y espíritu crítico. Sus escasos conocimientos son poco fundados, circunstanciales, fácilmente reemplazables; su máxima habilidad consiste en vender en el momento adecuado –y a buen precio –esas modestas destrezas a un público ingenuo que tampoco exige gran cosa de ellos. No hay duda de que el proceso de democratización ha hecho retroceder la tradicional cultura política del autoritarismo en los sectores urbanos con acceso a la educación y con un nivel aceptable de ingresos. Las sociedades andinas han adoptado algunos de los valores de la democracia representativa, pluralista y liberal, y han aceptado, aunque a regañadientes, la economía de libre mercado. Sin embargo, la democracia ha puesto también de manifiesto el fenómeno de la corrupción, y lo que salido a la luz pública es de una magnitud y persistencia asombrosas. La desilusión ciudadana tiene que ver con el incremento y hasta con la popularización de la corrupción y la corruptibilidad en los últimos tiempos. La modernización no desterró a estos fenómenos, sino que los actualizó técnicamente, y esto es lo preocupante: las diferentes facetas del progreso material parecen favorecer modelos muy refinados de corrupción, que no son percibidos por las clases políticas como algo negativo y más bien son tolerados discreta y efectivamente. Una buena parte de la población duda de que se pueda terminar con la corrupción si la implementación de posibles medidas contra esta plaga estaría en manos de los políticos, los funcionarios y los jueces que se aprovechan de ella. ¿Cómo poner en marcha, por ejemplo, la reforma del poder judicial con la misma gente, es decir la masa de jueces y fiscales, que es la responsable del desbarajuste actual? El público se percata, por ejemplo, de que la distancia entre la pretensión propagandística y los hechos efectivos de la praxis cotidiana se manifiesta claramente en aquellos reparticiones estatales donde se han iniciado las reformas modernizantes más publicitadas. Es probable que la población esté hastiada con las clásicas propuestas para crear leyes y reestructurar reparticiones oficiales, como si ello tuviese alguna consecuencia sobre el funcionamiento real de los órganos del Estado y sobre las pautas de comportamiento de los servidores públicos. Los ciudadanos están cansados de esas consignas que pretenden humanizar o democratizar el modelo económico, sin indicar concretamente cómo, consignas que suenan bien y no obligan a nada. La reforma de los poderes del Estado en términos de rediseño administrativo, equipamiento informático y modificación de organigramas y demás minucias –que constituyen lamentablemente la ocupación central de las modernas elites gobernantes– puede conducir, como aseveró Carlos M. Vilas, al llamado síndrome de Pantaleón: una gerencia aparentemente eficiente al servicio de un orden irracional. ”Lo que la historia y la estructura no dan, Harvard no presta”11. Esta modernización imitativa y superficial se hace muy evidente en las reformas de los partidos políticos, de la administración pública y de los parlamentos. Siguiendo una tendencia que parece ser mundial, la actividad que habitualmente llamamos política se desembaraza de elementos programáticos, se libera de experiencias históricas y se exime premeditadamente de aspectos teóricos y crítico-reflexivos. Es un desarrollo que no presagia nada bueno para la convivencia razonable de los mortales en el futuro. El público, por más ingenuo que sea –y lo es en grado muy alto–, se da cuenta de la enorme distancia entre promesa y realidad. Trabaja y prospera lentamente al lado y a veces en contra de la praxis estatal. Una de las grandes ventajas de los regímenes democrático-liberales implantados hace veinte años –tal vez la mayor– es que el Estado interfiere mucho menos en las actividades de los ciudadanos; que éstos sean dejados en paz por la burocracia es ya un genuino progreso. El público manifiesta su desafecto por la política de diferentes maneras: una abstención cada vez mayor en la elecciones, la tendencia a cambiar de preferencia electoral muy a menudo, la sustitución de políticos profesionales por deportistas, cantantes, reinas de belleza y anunciadores de televisión, el surgimiento de partidos sin ideología y tradición, y la suplantación del interés político-ideológico por el consumismo desenfrenado. Por último no es casualidad que ciertos temas ligados a las perspectivas de largo aliento estuvieran ausentes de las últimas elecciones generales y de los debates actuales, como la destrucción de los bosques tropicales, la contaminación ambiental en las ciudades, el crecimiento demográfico descontrolado, la inseguridad ciudadana, o la abolición del servicio militar obligatorio. En resumen: es probable que la población de las naciones andinas perciba a los partidos políticos como asociaciones para delinquir discretamente (ADDs), es decir como males que no pueden desaparecer de la faz de la Tierra, que de algún modo pertenecen a la naturaleza humana, y ante los cuales hay que exhibir un comportamiento pragmático y resignado, como el que el ciudadano común tiene frente a fenómenos desagradables pero inevitables, como las empresas funerarias y la recolección de basura.
H. C. F. Mansilla
NOTAS
1 Sobre la estulticia masiva propagada por los medios de comunicación, especialmente por la televisión, cf. Giovanni Sartori, Homo videns. La sociedad teledirigida, Madrid: Taurus 1998. Cf. también Anthony Giddens, Un mundo desbocado. Los efectos de la globalización en nuestras vidas, Buenos Aires: Taurus 2000.
2 Es ya inmensa la literatura existente sobre los procesos de democratización en América Latina. Uno de los aportes más importante es la monografía de Martín Lauga, Demokratietheorie in Lateinamerika. Die Debatte in den Sozialwissenschaften (La teoría sobre la democracia en América Latina. El debate en las ciencias sociales), Opladen: Leske + Budrich 1999.
3 Como ejemplo de esta corriente cf. Scott Mainwaring / Timothy Scully (comps.), Building Democratic Institutions. Party Systems in Latin America, Stanford: Stanford U. P. 1995.
4 Sobre esta temática cf. la excelente obra de Peter Waldmann, Der anomische Staat. Über Recht, öffentliche Sicherheit und Alltag in Lateinamerika (El Estado anómico. Sobre derecho, seguridad pública y vida cotidiana en América Latina), Opladen: Leske + Budrich 2002.
5 Sobre este problema cf. Bassam Tibi, Im Schatten Allahs. Der Islam und die Menschenrechte (A la sombra de Alá. El Islam y los derechos humanos), Munich: Piper 1996, p. 203 sq.
6 Para el caso boliviano muchas de las aseveraciones siguientes están basadas en dos grandes encuestas recientes de opinión pública, encuestas diseñadas específicamente para conocer la cultura política boliviana: Jorge Lazarte R., Entre dos mundos. La cultura política y democrática en Bolivia, La Paz: Plural 2000; Mitchell A. Seligson, La cultura política de la democracia en Bolivia: 2000, La Paz: Universidad Católica Boliviana/USAID/Encuestas y Estudios 2001.
7 Jorge Lazarte, Entre..., op. cit. (nota 6), p. 32 sq., 46 sq.- Estas cifras del apoyo general a la democracia coinciden casi exactamente con los datos de otra encuesta de alta representatividad, llevada a cabo en 2000: cf. Mitchell A. Seligson, op. cit. (nota 6), p. 55.
8 Lazarte, Entre..., Ibíd., p. 48, 64.
9 Lazarte, Ibíd., p. 67, 71 sq.- La tendencia es coincidente con la encuesta de Seligson, sobre todo en lo que se refiere al bajo nivel de tolerancia que denotan los bolivianos. Cf. Mitchell A. Seligson, op. cit. (nota 6), p. 19.
10 Lazarte, Ibíd., p. 110, 115.
11 Carlos M. Vilas, El síndrome de Pantaleón. Política y administración en la reforma del Estado y la gestión de gobierno, en: REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES (Maracaibo), Vol. VII, Nº 2, mayo-agosto de 2001, p. 19