México:la colectividad frenta a la desesperanza y el desencanto
En el momento actual, México se encuentra, sin duda, en una etapa de transición; después de 71 años de autoritarismo nos acercamos, no sin temor, no sin recelo, al arribo de una democracia hasta ahora anhelada pero desconocida. Quienes nacimos cuando el PRI era gobierno, hemos sido testigos y partícipes, junto con millones de ciudadanos, de los cambios políticos más importantes del México contemporáneo y hemos comprobado que cualquiera que sea el grado de avance de nuestra incipiente democracia, éste no ha sido, ni será, el producto de la concesión generosa del poder. Prueba de ello es el movimiento estudiantil de 1968, hecho que deseamos tomar como punto de partida en este texto para dar cuenta del desarrollo contemporáneo de la relación entre el poder y la colectividad de nuestro país.
El movimiento estudiantil de 1968
Este movimiento constituyó un referente histórico necesario para comprender los hechos que han trastocado el sistema político mexicano en su forma de operar y en su legitimidad. La historia es conocida, entre los meses de julio y octubre de 1968 la policía de la capital de la república enfrenta con violencia un movimiento estudiantil que crece enormemente, captando la simpatía de diversos sectores sociales. El inicio del conflicto es un pleito entre jóvenes de dos escuelas del subsistema de bachillerato ante el cual interviene la acción provocadora del cuerpo de granaderos, quienes agreden, sin razón aparente, a los estudiantes de una de esas escuelas, ocupando violentamente sus instalaciones. El gobierno pierde el control, a cada nueva manifestación contra los abusos de la policía, el gobierno responde con mayor brutalidad y virulencia, lo que logra unificar a los estudiantes de las dos instituciones mas importantes del país en ese momento, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México, a quienes se suman alumnos de otras escuelas de educación superior, académicos e intelectuales, padres de familia, obreros, grupos sindicales, comerciantes y burócratas. Los enfrentamientos entre estudiantes y granaderos llegan a ser de tal magnitud y tan torpemente conducidos que el 29 de julio interviene el ejército, reprime a los manifestantes, aprehenden a más de mil movilizados y, en un acto de salvajismo, destruyen de un basucazo la puerta de uno de los planteles más antiguos de la Escuela Nacional Preparatoria.
La revuelta termina el 2 de octubre de 1968 con la matanza indiscriminada de civiles en la Plaza de las Tres Culturas de la Ciudad de México. Oficialmente, el gobierno reconoce entre 30 y 40 muertos aunque se habla de un número visiblemente mayor entre muertos y desaparecidos. Los medios de información, con honrosas excepciones, cubren los hechos con velos de silencio o hacen eco a la voz gubernamental que intenta convencer y justificar la matanza aduciendo la existencia de un complot contra el Estado mexicano obedeciendo a obscuros intereses “comunistoides y extranjeros”.
Desde nuestra perspectiva, del movimiento de 1968, es necesario resaltar lo siguiente:
1. Fue, fundamentalmente, un movimiento popular contra el autoritarismo. Si bien en su conformación hubo un amplio abanico de concepciones y estrategias políticas, la perspectiva común, lo que logra cohesionar la heterogeneidad es la búsqueda de una sociedad más justa y democrática. 2. Las movilizaciones, la vitalidad de los jóvenes, la frescura de sus propuestas, la crítica al orden político, el contacto cercano con la gente –mítines relámpagos en plazas, mercados, autobuses, escenificaciones callejeras, mantas y volantes que plantean, con un lenguaje claro y novedoso, las demandas del movimiento– causan impacto en la población que, en las exigencias del estudiantado, encuentra sus propias reivindicaciones. 3. Contra el autoritarismo significó: combatir el control de los sindicatos y su corrupción; ampliar los espacios de participación política y, en consecuencia, exigir la libertad de los presos políticos, así como la posibilidad de extender los beneficios del desarrollo a más sectores de la población. 4. El movimiento, si bien fue fundamentalmente un fenómeno urbano, dio en el centro y eje del poder político centralizado en la capital del país. 5. Puso de manifiesto la torpeza e incapacidad del Estado y su gobierno para responder a las demandas de la población; hizo evidente el férreo control ejercido por el partido de Estado en todos los órdenes de la vida política y reflejó el deterioro de sus mecanismos de legitimación. En ese sentido “… se trató de un movimiento caracterizado fundamentalmente por la definición de un adversario común bien localizado y, pudiéramos decir, concentrado: el PRI – gobierno – presidente de la República.” (Zermeño, 1987, p. 41). Los políticos priístas de aquellos años, personeros del sistema, comprendieron prontamente las fisuras que descubrió el movimiento estudiantil del 68 y entendieron que hubo un punto de quiebre que planteó la necesidad de un cambio para mantenerse en el poder. Sólo así se entiende el desarrollo ulterior de la política mexicana. Si para la sociedad civil, arrebatar la vida a los ciudadanos –ya sea con la muerte física por la violencia o con la muerte que significa los años en prisión por la represión– es un sacrificio sin sentido que denigra la convivencia y fractura los valores humanos, para la política, en cambio, cualquier evento es oportunidad. Así, en los inicios de los años 70, desde el poder se promueven reformas que tienen por finalidad dar continuidad y garantizar la permanencia del PRI-gobierno. Su principal promotor es el recién llegado a la presidencia de la Republica Luis Echeverría Álvarez, quien, como parte de su “apertura democrática”, libera a los presos políticos del movimiento estudiantil y más tarde a otros luchadores sociales. ¿Pero quién era Echeverría? Ni más ni menos que el secretario de gobernación durante los hechos de 1968 y a quien hoy mismo, después de 35 años, se le pretende juzgar por su responsabilidad en las masacres del 2 de octubre de ese año y del 10 de junio de 1971, así como por la desaparición de guerrilleros y luchadores sociales en la década de los setenta.
Una de las primeras y exitosas tareas de Echeverría fue la incorporación de intelectuales, políticos liberales y progresistas, críticos del régimen anterior, a cargos y puestos de la función pública. Desde que es candidato a la presidencia, Echeverría visita de manera casi obsesiva cuanta universidad se cruza en sus giras y, durante su gestión, se incrementa considerablemente el presupuesto a la educación superior; la matrícula de primer ingreso a la UNAM crece un 100%, aumentan los salarios del profesorado entre un 33% y un 58%, se crean nuevas instituciones de educación media superior y superior y organismos gubernamentales desarrollan programas “En los que fueron incorporados, con muy buenos salarios, profesores, investigadores, pasantes y una gran cantidad de estudiantes” (Ibidem, p. 66-67). Al interior de la UNAM, la intensa vida comunitaria se ve fragmentada por la masificación y la descentralización de sus facultades y escuelas, el cierre de cafeterías (puntos esenciales de reunión de alumnos y profesores) y la oferta generosa de marihuana y drogas. La apertura democrática también constituyó un cambio en los mecanismos de participación ciudadana, por la vía electoral. En México, desde 1946, se establecieron criterios formales para la participación de los partidos políticos; sin embargo, el control del proceso electoral quedó en manos del Estado; por ejemplo, el registro a los partidos lo otorgaba la secretaría de gobernación, consecuentemente, accedieron al registro aquellas organizaciones que permitían la simulación de contiendas electorales y la legitimización de gobiernos y administraciones. Para la década de los años 70, el alto y ascendente abstencionismo y las crecientes formas de oposición al autoritarismo y al sistema que lo representa plantean, a los regímenes priístas, la necesidad de dar cauce a la oposición, pero también la de seguir manteniendo el poder y el control. De esta manera se da forma, entre 1977-78, a una reforma electoral que, como señala Luis Javier Garrido (Granados, 1985, p. 8), “eliminó obstáculos para el reconocimiento de las fuerzas políticas de la oposición, pero no creó las condiciones necesarias para que el proceso fuese en verdad democrático”. Esto es, mientras se reconoce a nivel constitucional la existencia de los partidos políticos y se establecen mecanismos, para esos momentos novedosos, como el registro condicionado a los resultados de la votación o el registro definitivo de los partidos, la fiscalización de los procesos electorales permanece en manos del Estado por medio de una comisión federal electoral que dificulta y obstaculiza, con requisitos excesivos, la legalización de las organizaciones partidistas. Paralelamente, el partido de estado, PRI, desarrolla mecanismos de fraude electoral que le permiten tener ventajas sobre sus adversarios. En principio, la ventaja de ser un partido organizado desde el poder, sin definición ideológica (ni de derecha, ni de izquierda, sino todo lo contrario) que pregona su multiclasismo y está organizado por sectores –campesino, obrero y popular– del empresarial es obvio que siempre están con el que gana; un partido que hace uso con abuso de los recursos públicos y que fomenta y se colude en los actos de corrupción. Reforma electoral con complicados mecanismos que dieron ventajas al PRI sobre sus opositores y permitieron afinar la maquinaria del fraude electoral, eficientemente desarrollada para garantizar, por 23 años más, el triunfo de los regímenes priistas. Como ciudadanas, hoy nos preguntamos si el movimiento estudiantil fue un detonador del cambio o sólo significó un lamentable suceso que ayudó a consolidar lo que alguien llamó “la dictadura perfecta”.
Los 71 años del Partido Revolucionario Institucional
Los antecedentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se remontan hacia el último tercio del siglo XIX. Luego de la muerte del presidente Benito Juárez, el 18 de julio de 1872, tuvo lugar una encarnizada contienda entre los liberales por el poder, misma que culminó, en 1876, con la sublevación del General Porfirio Díaz en contra de la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada, vicepresidente de Juárez que, a la muerte de éste, le había sucedido en el ejecutivo. A partir del 11 de febrero de 1877, Porfirio Díaz se hace cargo de la presidencia de la República, inicialmente por un periodo de cuatro años que se extendería (después de un intermedio comprendido entre 1880 y 1884) hasta el año de 1910, con sucesivas reelecciones a lo largo de treinta años (Cosío Villegas, 1973) El régimen dictatorial de Díaz, bajo el principio positivista de “orden y progreso”, le había permitido al país gozar de una prosperidad económica basada, sobre todo, en el desarrollo de infraestructura, como fue el caso de los ferrocarriles; no obstante, el régimen porfirista favoreció fundamentalmente a los terratenientes y a los grandes capitales extranjeros en detrimento de los campesinos, de la naciente clase obrera y, en particular, de los indígenas que constituían, entonces, la mitad de los 17 millones de habitantes de este país. Así, la insatisfacción creciente por la política elitista y oligárquica de Díaz condujo a una serie de manifestaciones callejeras que exigían elecciones libres y la renuncia del dictador.
Bajo el lema “sufragio efectivo, no reelección”, el 20 de noviembre de 1910 destaca como el inicio formal del periodo denominado como la “Revolución Mexicana”, gesta encabezada por Francisco I. Madero a partir del último fraude electoral perpetrado por Díaz. Entre 1910 y 1920, con el transcurso de diferentes gobiernos, se suceden conflictos internos de muy diversa índole que dejaron un ambiente generalizado de pobreza ante la riqueza de unos cuantos, así como una severa deuda externa. Nuevamente se quedarían sin cumplimiento los principios básicos del liberalismo político que se preconizaba desde principios del siglo XIX: igualdad ante la ley y libertad de opciones en el mercado para tener, como resultado natural, la prosperidad de la colectividad. Ante esta situación y luego de un periodo de restauración del orden con no pocos brotes de violencia, los partidos antirreeleccionistas surgidos de la época revolucionaria se unen para formar, en el año de 1929, el Partido Nacional Revolucionario que años más tarde cambiaría su nombre a Partido de la Revolución Mexicana y luego al de Partido Revolucionario Institucional. La hora de las instituciones había llegado a México con un sistema de gobierno donde el Estado asumía la responsabilidad absoluta del desarrollo nacional. El PRI se convierte, entonces, en la institución a través de la cual debía ser canalizada toda aspiración de poder con el presidente como su jefe máximo indiscutible. Entre 1929 y 2000, México es testigo de la sustitución de la dictadura individual por otra dictadura, la de partido, mucho más eficiente para sus propios fines si tomamos en cuenta su duración. A lo largo de 71 años, el régimen de partido se actualizó cada seis años con un nuevo hombre que tenía la capacidad de decidirlo todo en materia política, económica y social, así como de designar al que sería su sucesor para el periodo siguiente (Villalpando y Rosas, 2003). Los años con el PRI estuvieron signados por dos constantes, el autoritarismo y la corrupción. El control de la vida individual y colectiva se inició con el corporativismo; los trabajadores del gobierno, así como los miembros de los sindicatos, de las organizaciones campesinas y del ejército estuvieron obligados a afiliarse al partido oficial. Al mismo tiempo, los programas de protección social fueron puestos al servicio de la colectividad exigiendo, a cambio, la sumisión absoluta al régimen por medio de la creación de organismos específicos en los que se agrupó a los trabajadores. Otros elementos de control fueron la creación de dependencias especializadas en la vigilancia de posibles grupos disidentes y de oposición, la supervisión estrecha de los medios de comunicación y la consecuente represión de movimientos sociales, así como el encarcelamiento, tortura y desaparición o abierto asesinato de líderes, por la exhibición de conductas juzgadas como peligrosas para la nación.
Y el autoritarismo priísta tuvo en la corrupción un aliado entrañable, desde la separación del ejército de la vida política nacional al convertirlo en “baluarte inmaculado de las instituciones” a cambio de canonjías en favor de los militares, hasta la protección de los funcionarios del gobierno en sus diferentes niveles con la asignación de sueldos fuera de toda proporción y la mixtura sin freno de sus negocios particulares con su actividad pública. Desde el presidente se generó una cascada de prebendas que alcanzó todas las estructuras del gobierno; familiares, amigos y empresarios fueron los principales favorecidos por el dictador vuelto institución sin que los beneficios alcanzaran al grueso de la población. Bajos salarios, desempleo, inseguridad pública, pobreza extrema y descomposición educativa y social son, entre otras, las consecuencias de la “dictadura perfecta”. Sería injusto medir con la misma vara a todos los hombres que tuvieron el poder sexenal durante esos 71 años; sin duda hubo honrosas excepciones, como la del General Lázaro Cárdenas pero, con todo, el individuo y la colectividad mexicana tuvieron, como lastre, lo que el basto imperio priísta vino a resumir en las palabras del presidente Carlos Salinas de Gortari: “ni los veo ni los oigo”.
El espejismo del cambio
Las crisis económicas recurrentes a partir del sexenio del presidente Luis Echeverría Álvarez trajeron consigo la gradual descomposición del sistema político mexicano. El autoritarismo fue llevado hasta sus últimas consecuencias. Guerra sucia, devaluación, endeudamiento, dependencia creciente de Estados Unidos, aumento de las redes de narcotráfico con funcionarios de alto nivel vinculados con los cárteles de la droga, pobreza extrema y desigualdad fueron los resultados de los años del PRI en el poder. Todo ello reforzado por el evidente fraude electoral de 1988 frente a Cuauhtémoc Cárdenas lleva, como en 1968, a un despertar de la conciencia cívica de la población y es así que surgen una serie de organismos no gubernamentales con muy diversos fines: políticos, sociales, culturales y altruistas. En este contexto, rumbo a las elecciones del año 2000, Vicente Fox Quesada, gobernador del Estado de Guanajuato y miembro del Partido Acción Nacional (PAN), se adelanta a su propio partido y se autonombra candidato a la presidencia. Con un estilo coloquial y ramplón, Fox desarrolla una campaña agresiva y eminentemente mediática en contra de los vicios del PRI, vende su imagen como un producto de consumo dirigido a la sensiblería. Haciendo uso de estrategias de mercadeo, ofrece el paraíso terrenal del cambio enarbolando la imagen de la Virgen de Guadalupe como símbolo de su campaña y erigiéndose como el único mortal capaz de expulsar al partido oficial de la casa presidencial. Sus promesas de campaña son tan terminantes unas como irreales otras: solucionar el problema de Chiapas en 15 minutos, hacer crecer la economía a un ritmo de 7% anual, trabajar para los emprendedores y pequeños empresarios, diversificar las oportunidades en el campo, tener salarios justos y empleos de calidad para que el ciudadano y su familia mejoren su nivel y calidad de vida, poner fin al narcotráfico, mantener el petróleo para los mexicanos, etc. Si bien las promesas foxistas no distaron mucho de las esgrimidas por los priistas en cada uno de los periodos electorales anteriores, los votos que llevaron a Fox a ocupar la silla presidencial estuvieron sustentados menos en esas promesas, que en la posibilidad de la alternancia como el camino más expedito para aliviar el hartazgo por el sufrimiento del ejercicio arbitrario del poder priísta. En realidad, una parte de ese 42.52% de los votos con los que Fox asumió la presidencia fueron votos en contra del PRI, no a favor del PAN ni de Fox, aunque también es preciso señalar que la colectividad no tenía otras opciones viables, después del fraude electoral perpetrado a C. Cárdenas en 1988, que él mismo fue incapaz de defender por exceso de prudencia y de su endeble actuar como jefe de la Capital de la República –el Distrito Federal–, la ciudadanía no pudo volver a confiar en él. Así, el voto otorgado a Fox trajo a la colectividad la esperanza de la democracia desconocida y del cambio hacia una nueva forma de vida, espejismo del sediento.
Las consecuencias de la poquedad
A tres años de gobierno foxista, la sociedad civil de México se debate entre el desengaño y el desaliento. Desde los inicios de su gestión, el presidente demostró que no conoce la diferencia sustancial entre estar en campaña y gobernar. A pesar de haber pregonado que su gabinete estaría formado por los mejores y más capaces hombres y mujeres del país, la realidad es que la elección de sus colaboradores estuvo determinada por los compromisos adquiridos durante su candidatura y fundamentalmente con los grupos que la financiaron, la mayor parte de ellos con intereses exclusivamente empresariales. La falta de experiencia política se refleja en las continuas declaraciones desafortunadas que él mismo y los miembros de su gabinete hacen así como en las frecuentes confrontaciones entre ellos, lo que en el fondo denota que no sólo no comparten un proyecto de nación sino que éste no existe. En su actuar cotidiano, Vicente Fox demuestra su incapacidad para tomar decisiones y asumir riesgos y responsabilidades. Los mexicanos todavía seguimos esperando que se cumplan los quince minutos ofrecidos para la solución del conflicto con los indígenas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y que el gobierno vuelva los ojos hacia el desarrollo del campo. La promesa de apoyo a los pequeños empresarios se ha traducido sólo en un fomento irreflexivo al empleo informal y el ofrecimiento de incrementar el nivel y calidad de vida de las familias continúa siendo un engaño más. El “gobierno del cambio”, como todavía lo promueve la publicidad, ha sido incapaz, no de transformar el estado de cosas que nos dejó el PRI en sus 71 años, labor que, por sus resultados, habrá de cumplirse sólo de manera lenta y penosa. Lo que este gobierno ha perdido es la oportunidad de abatir, ante nuestros ojos, el estigma humillante de la mismidad.
La esperanza frente a la desconfianza
Nuestro transitar hacia la democracia ha ido, casi siempre, de la esperanza al desencanto y viceversa. Después de la desconfianza exacerbada por la falsa promesa del cambio, nuestro temor es volver al desencanto y que, tal como en el cuento de Augusto Monterroso, cuando despertemos, el dinosaurio todavía esté ahí. En las elecciones intermedias realizadas en julio de 2003, asombrosamente el PRI salió fortalecido a nivel nacional, obtuvo la mayoría en el Congreso Federal, la de 23 Congresos Locales y recuperó gobernaturas y alcaldías ganadas anteriormente por partidos de la oposición. Los ciudadanos emitieron un voto de castigo en contra de la gestión presidencial en general y en contra de las políticas económicas que mantienen al país en una situación de crisis, pero también es necesario resaltar otros aspectos de la contienda. Estas elecciones resultaron excesivamente costosas para el bajísimo nivel de las campañas partidistas: sin contenido, sin propuestas, sin proyecto ni metas. Los partidos políticos buscaron el voto sin haber hecho la tarea. Son, como diría Lorenzo Meyer (2003), una clase social que vive muy bien de algo que hace muy mal. Y resultan aun más caras si consideramos que sólo votó el 41 % de la población inscrita en el padrón electoral, mientras que casi un millón de electores anularon su voto. Ante este estado de cosas, el último proceso electoral resultará altamente oneroso de no dejar un aprendizaje significativo en los organismos políticos y ciudadanos. En un país como el nuestro, recién aterrizado en el juego democrático y en el que no existe una tradición y una cultura de participación ciudadana resulta peligroso dejar de conciliar, en algún punto, la necesidad social y la lucha por el poder. El peligro no está solamente en el incremento de la indiferencia ciudadana hacia la cuestión política, el riesgo es la perdida de la confianza en el mismo régimen democrático y añorar el regreso al paternalismo autoritario volviendo a delegar, en los pocos de siempre, la dirección del país y su destino. Por un lado, la clase política mexicana tiene, de aquí al 2006 (fin del periodo gubernamental actual) la obligación de buscar consensos para que, en un plazo más o menos corto, el país se reactive económicamente sin tener que vender la soberanía, hacer eficiente la administración de los recursos públicos y consolidar la vida democrática. Por nuestra parte, como ciudadanos, debemos darnos la oportunidad de retomar la memoria histórica, de asumir que la democracia no es sólo el ejercicio responsable del voto, sino que, en esta nueva etapa, el gobierno es, única y exclusivamente, un administrador de los bienes de la nación y no un príncipe que dispone, a su libre arbitrio, de esclavos y sojuzgados. En este sentido, la única posibilidad es la confianza en nosotros mismos y en nuestra capacidad de organización autónoma, responsable y solidaria, así como en el ejercicio pleno de nuestro derecho a decidir el propio destino y a exigir que la rendición de cuentas constituya el elemento fundamental de la democracia. Para ello, debemos tener preparada nuestra contribución al fondo común de sabiduría. “Cuando unos pocos dirigen el Estado, puede bastar con que ellos posean sabiduría; cuando todo el pueblo es, en última instancia, el que gobierna, es necesario que todo el pueblo la posea” (Huchins, 2003).
Rocío Santamaría Ambriz y Silvia Olivares
BIBLIOGRAFÍA
- Cosío Villegas, Daniel (1973) Historia mínima de México. México: El Colegio de México.
- Granados, Miguel A. (1985) Votar ¿para que? México: Océano.
- Huchins, Robert. citado en: CENEVAL (2003) Textos para comentar, selección número 3 para la acreditación del bachillerato por acuerdo 286, octubre 2003.
- Meyer, Lorenzo. El 2006 visto desde el 2003. Reforma, 3 de julio 2003.
- Villalpando José M. y Rosas, Alejandro (2003) Historia de México a través de sus gobernantes. México: Planeta.
- Zermeño, Sergio. (1987) México: una democracia utópica. El movimiento estudiantil del 68. México: Siglo XXI.