Pueblo Mapuche: la "gente de la tierra"
En la inmensidad de la selva Lacandona, Chiapas, las comunidades indígenas se aburrieron de esperar leyes que les permitieran ejercer la Autonomía y decidieron imponerla por la vía de los hechos. Es así como en agosto de 2003 y en un acto encabezado por el Subcomandante Marcos, las comunidades tzotziles, tojolabales, choles, mames, zoques y tzeltales integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) decretaron el establecimiento de las Juntas del Buen Gobierno, instancias de administración político-territorial de carácter autónomas y cuya lógica de funcionamiento constituye, sin duda alguna, un abierto desafío al Estado de derecho y la institucionalidad del Estado mexicano. Otro tanto sucede en Bolivia, donde el formidable ascenso electoral del poderoso Movimiento Indígena Pachakutik (MIP), liderado por el ex guerrillero Felipe Quispe, preocupa sobremanera a los administradores “blancos” del régimen. Quispe ya no lidera acciones armadas, pero tampoco quiere la paz con el Sistema y desde las nuevas posiciones de fuerza que tiene (sindicatos campesinos y Parlamento) llama a sabotear a la República Boliviana.
Los zapatistas luchan por mayores espacios de autonomía dentro del Estado mexicano. Los seguidores aymara de Quispe, por el contrario, ansían la creación de un Estado Aymara, independiente de Bolivia y basada en las comunidades igualitarias agropecuarias (ayllus). Los procesos de lucha de zapatistas y aymaras parecieran diametralmente opuestos. Sin embargo, en ambos subyace el mismo objetivo central: la emancipación de aquellos pueblos que, por más de 511 años, han debido enfrentar una historia interminable de opresión y despojo, primero de parte de los conquistadores europeos y, más tarde, por parte de las nacientes repúblicas que a partir del siglo XIX impusieron las banderas del Estado-nación sobre aquellos territorios.
Ambos ejemplos, elegidos de un abanico de experiencias de lucha hoy presentes en diversos países de la región, grafican la vitalidad de aquello que algunos estudiosos han denominado la “emergencia” de los pueblos indígenas en Latinoamérica (Bengoa, 1999). En Chile, esta emergencia se llama pueblo mapuche. Desde fines de la década de los noventa y tras profundizarse las políticas económicas neoliberales heredadas de la dictadura militar de Pinochet, más de un centenar de comunidades y unas nueve organizaciones mapuche están movilizadas básicamente por su oposición a la construcción de centrales hidroeléctricas, en rechazo a la explotación de bosques por parte de empresas forestales transnacionales y en la exigencia de recuperación de cientos de miles de hectáreas de sus tierras usurpadas. Pero eso no es todo. El pueblo mapuche está planteando además objetivos de mayor alcance y definitorios. Derecho a la autodeterminación y a constituirse en Pueblo-Nación; fin de la represión, de la militarización de sus territorios y de las "políticas de dominación del Estado chileno".
Antecedentes del pueblo mapuche
La voz “mapuche” significa “gente de la tierra”. Los mapuches son el grupo indígena más grande de Chile y el tercero más grande de Sudamérica. Ellos fueron los habitantes originales de los extensos territorios en el Cono Sur del continente, que hoy pertenecen a las repúblicas independientes de Chile y Argentina. Hoy los mapuches suman más de un millón de personas en Chile (casi el 10% de la población) y 300.000 en Argentina. Durante cuatro siglos, los mapuche resistieron la expansión del Imperio Inca y los esfuerzos colonizadores del Imperio Español, en una epopeya militar sin precedentes en la historia del continente americano. Es así como a fines del siglo XVI los mapuches comandados por Lautaro logran la expulsión de los españoles de su territorio y el afianzamiento de una primera autonomía política y territorial, la cual sería reconocida por el Rey de España a través de parlamentos celebrados periódicamente hasta fines del siglo XVIII. Entre estos parlamentos, destacan los de Quillin de 1641 y 1647, y el de Negrete de 17261. En términos de status legal, estos parlamentos corresponderían hoy a un tratado internacional entre naciones soberanas. En años recientes este argumento ha sido apoyado por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Tratados Miguel Alfonso Martínez (Martínez, 1999)2, así como por organizaciones mapuches que ven en ellos una fundamentación histórica para sus demandas actuales de autonomía y libertad. El tratamiento que el Chile republicano daría más tarde a los mapuches sería muy distinto. Si bien en un comienzo se les respetaron sus territorios y la libertad ganada tras siglos de resistencia contra la Corona Española, la necesidad de los gobernantes chilenos de consolidar sus fronteras y conquistar nuevos territorios para “alimentar” con cereales el capitalismo europeo, los llevaron a impulsar –hacia el año 1866– una serie de ordenanzas y decretos para apoderarse de las fértiles tierras mapuches situadas al sur del río Bio-Bio. Este avance “legal” del Estado sobre el Wallmapu (territorio mapuche), sería la antesala del posterior avance “militar”, iniciado el año 1880 una vez que las tropas chilenas regresaron victoriosas de la conquista de los ricos territorios salitreros de Bolivia y Perú, en la zona norte. Esta Guerra de Ocupación de La Araucanía (1880-1883), paralela a la Campaña de Ocupación del Desierto (1883-1886) impulsada con los mismos fines por el Estado argentino, terminó con la derrota de las fuerzas militares mapuches. Como consecuencia de este proceso, los mapuches serían confinados en cerca de 3.000 reducciones de carácter comunal con un total aproximado de 500 mil hectáreas, de un territorio original estimado en más de 10 millones.
En el siglo XX, los mapuches fueron objeto de diversas políticas de asimilación forzada, tendientes a integrarlos a la nacionalidad chilena. Para ello, innumerables legislaciones buscaron afanosamente dividir sus tierras comunitarias, deslegitimar sus organizaciones tradicionales y prohibir la práctica y la enseñanza del mapuzugun, su idioma oficial, en las nuevas generaciones. Todas estas políticas, calificadas como “etnocidas” por las organizaciones mapuche de ayer y de hoy, adquirieron ribetes de espanto durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1989), régimen que intento exterminarlos “por decreto” a través de la dictación de leyes (Decretos Leyes 2568 y 2750 de 1979) que establecían la división de sus tierras comunitarias. La intención de esta legislación era acabar con el status especial de los indígenas y de sus tierras, integrándolos al régimen común del derecho nacional3. Lo anterior sumado a "políticas represivas" que derivaron en la desaparición y ejecución política de más de un centenar de dirigentes mapuches opositores a esta medida.
Tras la derrota de Pinochet en el plebiscito del año 1988, los mapuche y sus organizaciones participaron activamente en la transición a la democracia, comprometiéndose a apoyar al nuevo gobierno de la Concertación encabezado por Patricio Aylwin, que a cambio prometió mejorar la situación de los pueblos indígenas en Chile, a través de la dictación de una nueva Ley Indígena (año 1993) y la creación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) al año siguiente. Sin embargo, y tal como ha ocurrido en otros países como México, con la propuesta zapatista desvirtuada en el Congreso, este nuevo marco legal que buscaba garantizar la “protección de las tierras mapuche” y “fomentar el desarrollo de su cultura”4, fue incapaz de garantizar a cabalidad ambos derechos, debido principalmente a la consolidación del modelo económico neoliberal heredado de la dictadura, modelo para el cual los territorios indígenas constituyen “atractivos” campos de inversión, en especial en lo referido a la explotación de recursos naturales y producción de materias primas.
En el Chile moderno, los mapuches forman parte de los sectores más pobres de la población urbana y rural, debiendo sufrir la presión social, explotación económica y destrucción del medio ambiente tanto en sus territorios ancestrales como en los centros urbanos. De acuerdo al último Censo oficial, en Chile hay alrededor de 930.000 mapuches, aunque se proyecta que conocido los resultados del Censo efectuado a inicios de este año, esa cifra podría aumentar a un millón y medio. Si bien en Chile se han ubicado otros pueblos originarios como los aymara, atacameños, diaguitas, rapanui coyas, alacalufes, onas y yáganes, los mapuches son la mayoría y los que encabezan en este período las luchas indígenas.
Hay cifras extraoficiales que ubican en casi 400 mil los mapuche que habitan las zonas comprendidas en las Regiones Octava, Novena y Décima de Chile, y que comprenden las provincias de Bío-Bío, Arauco, Cautín, Malleco y Valdivia y ciudades como Concepción, Victoria, Angol, Lautaro, Temuco, Valdivia y Puerto Montt. En todas estas zonas, habitan 3 millones 470 mil personas5. De acuerdo a la encuesta CASEN, el 38.4% de las mapuche son pobres aunque en la Octava Región el 52.3% viven en pobreza. El 10% de la población mapuche no sabe leer ni escribir. Este sector del país recibe como sueldo promedio mensual algo más de 150 dólares. Hay cifras que son vitales a la hora de entender la lucha de este pueblo. A finales de la década de los setenta, los mapuche tenían en sus manos, de forma directa, 510 mil 300 hectáreas de tierra; a finales de los ochenta, bajó a 464.600 hectáreas; terminado el año 1990, los mapuche habían perdido casi todo y podían mostrar tan solo 46 mil hectáreas en sus manos. Es evidente que durante el régimen militar se produjo una de las apropiaciones más grandes de sus tierras comunitarias, principalmente a favor de empresas transnacionales de distinto signo.
Esta situación, sin embargo, no variaría con la llegada de la “democracia”. Hoy el conflicto más común entre los mapuches y el Estado comprende precisamente los derechos a la tierra que –a juicio de las comunidades- serían vulnerados por estas empresas y sus megaproyectos. Y no dejan de tener razón. En la actualidad, gran parte de los grandes proyectos de desarrollo, incluyendo la construcción de represas hidroeléctricas, la expansión de la industria forestal y la construcción de las carreteras realizadas principalmente por las empresas privadas, caen precisamente sobre tierras mapuches y cuentan muchos de ellos con el aval de las autoridades, contradiciendo de esta forma la legislación indígena que establece el deber de su protección por parte del Estado.
La represa hidroeléctrica Ralco
Los ejemplos quizás más dramáticos del conflicto de la tierra entre los pueblos indígenas y el estado son los denominados proyectos hidroeléctricos. En Chile también han existido y siguen existiendo proyectos de inversión de este tipo, impulsados por empresas transnacionales con el apoyo del gobierno chileno aun en contra de la voluntad original de las comunidades mapuches afectadas. Es el caso, por ejemplo, de la Central Hidroeléctrica Ralco, que actualmente se esta construyendo en la zona cordillerana del Alto Bio-Bio afectando a comunidades mapuche-pehuenches.
Desde los años 1950 que existían planes para el desarrollo hidroeléctrico en el territorio del Alto Bio-Bio por parte del Estado chileno. Sin embargo, sólo a fines de los años ochenta, la Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA) entonces privatizada y adquirida por capitales españoles, decidió concretar estos planes con la colaboración del Banco Mundial. Es así como el año 1997 y a pesar de la fuerte oposición de parte de siete comunidades mapuches y numerosos grupos ecologistas, se concretó en la zona la construcción de la primera represa denominada Pangue. La falta de las leyes protectoras del medioambiente y de los pueblos indígenas en el tiempo de la aprobación del proyecto a principios de los años 1990 y el número reducido de las familias afectadas, habrían facilitado –argumentó entonces el gobierno– la materialización de dicho proyecto.
Fue el año 1994 cuando ENDESA anunció la construcción de una segunda represa denominada Ralco, que por sus dimensiones implicaba la relocalización de aproximadamente 100 familias mapuches que vivían en dos de sus siete comunidades y la inundación de 3.467 hectáreas de tierra. Primero, las organizaciones gubernamentales Comi-sión Nacional del Medioambiente (CONAMA) y Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) desecharon el Proyecto Ralco por no cumplir con los requisitos medioambientales y sociales exigidos en la nueva legislación, pero finalmente tanto CONAMA como CONADI, presionadas por el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, replantearon su posición y dieron luz verde al proyecto.
A partir de entonces, y principalmente desde el inició de las obras de construcción, las movilizaciones contra la empresa hidroeléctrica no dejarían de sucederse. Marchas, ocupaciones de dependencias públicas, cortes de rutas, presentaciones ante organismos de derechos humanos, constituyeron por más de seis años la bitácora de las emblemáticas hermanas Nicolasa y Berta Quintreman, dos ancianas mapuches transformadas con el tiempo y por su tenaz resistencia a abandonar sus tierras en el símbolo de las comunidades contra los planes de Endesa. Pero la maquinaria de la transnacional y del propio gobierno de Ricardo Lagos –comprometido cien por ciento con el proyecto– lograron mermar en septiembre de este año la emblemática resistencia, estableciendo las últimas siete familias opositoras un protocolo de acuerdo con altos ejecutivos de Endesa para abandonar finalmente, previa millonaria compensación económica, aquellas tierras de sus antepasados. El acuerdo, que puso fin a más de una década de conflicto declarado y desnudó ante los ojos del movimiento mapuche las contradicciones de la legislación indígena en Chile, fue firmado en el Palacio de La Moneda con el propio Presidente Lagos como “mediador”.
El imperio forestal
Junto a la lucha contra las centrales hidroeléctricas, en la zona sur de Chile decenas de comunidades están enfrentadas actualmente a la acción depredadora y de explotación de bosques por parte de empresas forestales. En la actualidad, la expansión de este mercado comercial es otro de los factores que más atenta contra la existencia del pueblo mapuche, por instalarse justamente en tierras de sus comunidades. Esta situación comienza en la década del 70, cuando el Estado chileno impulsa una política para fomentar el desarrollo forestal a gran escala, que efectivamente consolida a este sector como el de mayor crecimiento, dentro del rubro de los recursos naturales6.
Entre 1990 y 1996, las plantaciones de pinos y eucaliptus aumentaron de 1.350.000 hectáreas a 1.700.000, con un promedio de 50.000 nuevas hectáreas de plantaciones al año. Este crecimiento acelerado del negocio forestal en el sur de Chile, por cierto logró incrementar las cifras macroeconómicas del país, pero no significó en los hechos un mejoramiento de la calidad de vida de la población rural mapuche. Por el contrario, día a día quedaban al descubierto los impactos ambientales negativos provocados por el reemplazo en tierras indígenas de bosques nativos a plantaciones de especies exóticas. La pérdida de la biodiversidad, erosión, secamiento de las napas de agua, contaminación humana con químicos industriales, son sólo algunos ejemplos.
Es por ello que las actividades productivas forestales fueron encontrando con el paso de los años una fuerte resistencia entre organizaciones mapuches. Actualmente, y ante las graves consecuencias ambientales, económicas y socioculturales, las comunidades han manifestado por diferentes vías su rechazo a estos nuevos "despojos de la modernidad". La ocupación y explotación de estos bosques artificiales ha llevado a enfrentamientos violentos debido a la acción agresiva de empleados y guardias privados, de Carabineros y las "acciones de autodefensa" de los propias comunidades, que desde el año 1999 han incrementado los sabotajes contra propiedades, vehículos de los empresarios, maquinarias, campamentos y se han enfrentado de manera casi cotidiana con las fuerzas policiales.
Estado policial
Todos estos planteamientos y estas luchas del pueblo mapuche siguen encontrando, como fórmula recurrente de parte del poder político frente a la movilización indígena, la represión y el desprecio de las autoridades. En el último año, más de doscientos mapuches –hombres, mujeres, niños, adolescentes– fueron golpeados, heridos y/o apresados por fuerzas de Carabineros y de la Policía de Investigaciones. De acuerdo a cifras de organismos mapuche, más de 400 dirigentes y militantes de la causa están hoy procesados por los tribunales de justicia o en libertad condicional. Una treintena se encuentran encarcelados en las ciudades de Concepción, Angol y Temuco, acusados de acciones terroristas y son reivindicados por las comunidades y el movimiento mapuche en general como “prisioneros políticos”. Al igual que la dictadura militar, el gobierno de la Concertación por la Democracia ha aplicado severos cuerpos legales, tales como la Ley de Seguridad Interior del Estado y la Ley 18.314 sobre Conductas Terroristas, en contra de organizaciones y mapuches que han participado en "acciones de autodefensa" o en manifestaciones públicas pacíficas como marchas, cortes de caminos u ocupaciones de terrenos y de oficinas públicas. Pero la represión directa se ha expresado no sólo en procesamientos, encarcelamientos y persecución. A ello se suma el control y hostigamiento de las policías en las zonas de conflicto. Es así como hace ya un año, Carabineros, por orientación del Ministerio del Interior y de las Intendencias regionales, dispuso el reforzamiento de sus elementos en todo el territorio mapuche con destacamentos de Fuerzas Especiales y también reforzó el trabajo de agentes encubiertos de la Dirección de Informaciones y Seguridad del Gobierno (DISPI, policía secreta).
“En la actualidad, las comunidades enfrentan una represión directa destinada a amedrentar, hostigar y desmovilizar. (...) personas, familias y comunidades permanentemente vigiladas y controladas por la policía civil y uniformada, situación derivada de las investigaciones que llevan a cabo los servicios de inteligencia chilenos”, señala un Informe de la Comisión de Derechos Humanos Mapuche (COMAPU). “Extraños robos a sedes mapuches, seguimientos a sus dirigentes, interceptaciones telefónicas ilegales, misteriosos civiles realizando interrogatorios extrajudiciales e incluso un caso de doble secuestro se han registrado al interior de territorio mapuche”, situación que ha sido denunciada incluso por instituciones eclesiásticas e incluso académicas, como el Programa de Derechos Indígenas de la Universidad de La Frontera (UFRO).
En este marco, antiguas denuncias de torturas por parte de la policía han vuelto a reflotar. El 13 de agosto pasado, la Corte de Inmigración de Londres, Inglaterra, acogió una petición de “asilo político” a favor de un ex carabinero chileno declarado “desertor”, quien denunció actos de corrupción y torturas en contra de comuneros mapuches por parte de su ex institución. El policía “desertó” a fines de 2002, viajando a Inglaterra con visa de turista. En su presentación a la Corte de Inmigración de Londres, el policía relató una serie de conductas contrarias a los tratados de derechos humanos firmados por Chile, en que incurren normalmente miembros de la institución en el territorio mapuche. La veracidad de su testimonio llevaría a la Corte inglesa a señalar en su resolución que la policía chilena puede ser categorizada hoy como “agente de persecución”, destacando que en Chile no existiría “una buena voluntad para detectar, procesar y castigar” a los responsables de estos atropellos, diagnóstico similares al expuesto con anterioridad por sendos informes del Relator de Naciones Unidas contra la Tortura (1995), de Amnistía Internacio-nal (2002, 2003), e incluso un Informe de Derechos Humanos del Departamento de Estado de los EE.UU. (2001).
Todo estos atropellos cuentan muchas veces con el aval de los magnates dueños de las empresas forestales, de los fundos y empresas agrícolas locales, así como con legisladores asociados a los poderes económicos de la zona sur y quienes ven en las movilizaciones una amenaza para las “inversiones”. Hace meses, incluso, surgió el primer grupo paramilitar denominado "Hernán Trizano", figura venerada al interior de Carabineros por ser considerado "el primer alguacil de Chile" y definido por los mapuches como un "tristemente célebre cazador de mapuches" en los tiempos de la Guerra de Ocupación a fines del siglo XIX. El comando "Hernán Trizano", que estaría integrado por carabineros en retiro y por mercenarios al servicio de las empresas forestales, se ha adjudicado a la fecha una serie de atentados incendiarios contra sedes mapuches y acciones de amedrentamiento colectivo contra comunidades en proceso de movilización. Organismos de derechos humanos han denunciado además la existencia del denominado “Frente por la Defensa de las Tierras” en la zona de Collipulli y acciones represivas de empresas de seguridad privadas dirigidas por ex oficiales del Ejército y de la CNI pinochetista, en una escalada de violencia que recuerda los orígenes del accionar paramilitar en zonas rurales e indígenas de Colombia, México y Guatemala.
Contra el Estado-Nación
Para algunos observadores, los conflictos reseñados brevemente en este artículo entrarían perfectamente en la discusión sobre la globalización y la posible desaparición de las culturas originarias, sus estilos de vida, formas de pensamiento y tradiciones “ancestrales”. Estos elementos, que podrían constituir la plataforma de lucha de cualquier organización mapuche tradicionalista, son sin embargo resistidos por las nuevas generaciones de líderes mapuches. Para ellos, el conflicto no estaría dado contra la modernidad o el progreso material de sus sociedades, sino más bien con el tipo de “modernidad” y “progreso” que se les estaría imponiendo con la globalización económica. Tampoco ven que la lucha de su pueblo deba basarse exclusivamente en reivindicaciones “ancestrales” o meramente “folklóricas”. Jóvenes dirigentes con formación universitaria ven hoy un escenario de lucha distinto, donde la demanda etnogremial (campesina, productiva, social o cultural) del pasado debiera dar paso a una lucha de carácter nacionalitario o de “liberación nacional” frente al Estado.
El intelectual mapuche José Marimán –ideólogo de la nueva generación de líderes mapuches– sintetiza de alguna manera el tema de fondo al plantear que sólo la conquista de un estatuto "nacionalitario" o formas políticas específicas de autonomía como nación mapuche dentro del Estado chileno, permitirían el fin del actual escenario de conflicto (Marimán, 1997). Hoy, los sectores mapuche más nacionalitarios ya no creen que la simple restitución de tierras usurpadas o el otorgamiento de una serie de derechos especiales pueda variar la situación insoportable de opresión y pobreza que viven como pueblo. Por tanto, la demanda nacionalitaria sería aquella que cuestiona la ocupación y expoliación del territorio, es decir, "la colonización de los mapuche por los chilenos".
Hoy, el movimiento mapuche plantea desafíos a la evolución de la democracia en el Estado de Chile, definido jurídicamente como "unitario". De esta concepción política rígida se ha derivado una suerte de soberbia censura respecto de cualquier razonamiento nuevo acerca de la o las nacionalidades que pudieran convivir en el Estado. Una fuente del autoritarismo en Chile resulta ser la firmeza con que las clases dirigentes han sostenido –desde los inicios de la República– que no es posible un criterio diferente a aquel elevado a la categoría de principio: un Estado conformado por una sola Nación. Es por ello que el Estado y gran parte de la clase política ven hoy este discurso de las nuevas generaciones de mapuches como una amenaza no sólo para su soberanía e “integridad territorial”, sino que además para el imaginario de “nación chilena” que pretenden desde hace ya casi dos siglos fomentar sin mayores resultados entre los mapuches.
Sin embargo, ahí está, avanzando entre los mapuches la idea de una nación con derechos propios y reconocidos en diversos pactos y tratados de derechos humanos ratificados por el Estado chileno, como el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Para los nuevos líderes mapuches ya no se trataría de un conflicto centrado en frenar el avance de las empresas transnacionales, la exigencia de mayores grados de respeto a su cultura, sus formas tradicionales de organización o la protección de aquellos pequeños retazos de tierras rescatados del despojo. “La problemática mapuche no puede ser reducida a un problema de derechos democráticos, derechos humanos o derechos individuales, por cuanto corresponde a una problemática de nacionalidad dominada y colonizada al interior del Estado chileno", señala Marimán. Se trataría por tanto de un conflicto etnonacional, fundamentado en una toma de conciencia protonacional en ascenso al interior del movimiento mapuche, parecido –aun cuando no similar– al proceso de lucha desarrollo en el altiplano boliviano y que tiene hoy al Movimiento Indio Pachakutik como punta de lanza de una revitalización de los nacionalismos étnicos en América Latina.
La preocupación del siglo pasado en Chile fue la supervivencia de las culturas indígenas frente a las políticas de asimilación impulsadas por parte del Estado-nación. Ahora, sin embargo, se podría invertir la pregunta e interrogar: ¿El Estado-nación chileno podrá sobrevivir el levantamiento nacionalitario del pueblo mapuche? En Chile, las movilizaciones mapuches tenderán a acrecentarse con el tiempo, más aún considerando que numerosos y destacados líderes indígenas serán llevados ante los tribunales en los próximos meses bajo cargos de “terrorismo”. Nuevas manifestaciones públicas y acciones de solidaridad se presagian en el horizonte, lo mismo que acciones represivas por parte de un Estado que se niega a reconocer lo que para mucho hoy se hace evidente. Esto es, el nacimiento de la nación mapuche al interior de sus fronteras. Esto, a 511 años de “conquista” española del continente.
* Pedro Cayuqueo es periodista de la Universidad de La Frontera de Temuco. Ha publicado artículos y ensayos sobre el tema mapuche en diversas publicaciones chilenas y extranjeras. Actualmente se desempeña como director del periódico mapuche Azkintuwe, que circula en Chile y Argentina.
© Pedro Cayuqueo
BIBLIOGRAFÍA
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de Avila, Alamiro, “Régimen jurídico de la guerra de Arauco” en III congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, Madrid, Instituto Internacional de Estudios Jurídico, 1973.
Instituto Nacional de Estadísticas (Chile), Censo de Población y Vivienda. Chile 1992, Instituto Nacional de Estadísticas, Santiago, 1992.
Leiva, Arturo, El Primer Avance a La Araucanía, Angol 1862, Universidad de La Frontera, Temuco, 1984.
Martínez, Miguel, Estudio sobre los Trata-dos, Convenios y Otros Acuerdos Construc-tivos entre los Estados y las Poblaciones Indígenas (Informe Final), Naciones Unidas, Consejo Económico Social, E/CN.4/Sub.2/ 1999/20 22 de junio de 1999.
Marimán, José, El conflicto nacionalitario y sus perspectivas de desarrollo en Chile: el caso mapuche. Revista de Antropología Social Austerra. Santiago: Universidad Boli-va-riana, julio del 2000.
Pinto, Jorge, De la Inclusión a la exclusión. La formación del estado, la nación y el pueblo mapuche, Instituto de Estudios Avan-zados, Universidad de Santiago de Chile, Santiago, 2000.
NOTAS
1. Otros parlamentos serían celebrados en 1651, 1683, 1692, 1693 y 1694, 1716, 1726, 1738, 1746, 1756, 1760, 1764, 1771, 1774, 1784, 1787 y 1793. Los últimos parlamentos datan de 1803 y en 1816, en las postrimerías del régimen colonial (de Avila, 1973).
2. El Relator Especial de las Naciones Unidas Miguel A. Martínez en el Informe Final de su estudio sobre los tratados que involucran a los pueblos indígenas sostiene que los tratados suscritos entre los europeos y los pueblos indígenas eran relaciones contractuales entre naciones soberanas, con implicancias legales. Martínez se refiere en su Informe a los parlamentos celebrados entre los mapuche y los españoles durante la colonia en Chile, señalando que “...el origen, causas y desarrollo de estos instrumentos jurídicos podría compararse, prima facie y desde ciertos puntos de vista, a los de ciertos tratados indígenas en los territorios británicos y franceses de Norteamérica.” (Ver Martínez, 1999).
3. El artículo 1 del D.L. 2568 originalmente disponía que una vez inscritas "las hijuelas resultantes de la división de las reservas dejarán de considerarse indígenas, e indígenas sus adjudicatarios”.
4. Artículo 1, Título I, Ley Indígena 19.253.
5. Según el Censo de 1992, la población mapuche mayor de 14 años alcanzaba a 928 mil. Si se considera los menores de 14 dicha población alcanzaba a 1.3 millones (Censo de Población y Vivienda, 1992). Se estima en 230 mil la población mapuche rural que vive en comunidades o localidades homogéneas (Bengoa, 2000).
6. La expansión forestal privada en territorio mapuche ha sido en gran medida posible gracias al subsidio estatal a la forestación establecido en el Decreto Ley 701 de 1974. La vigencia de esta normativa fue renovada por 15 años más bajo la administración del Presidente Frei. Este Decreto Ley libera de impuestos y subsidia directamente las plantaciones forestales al devolver al propietario el 75 por ciento de su costo, además de los costos de manejo y administración.